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Études
Dossier « La crise en Espagne : dimensions politique et économique »

Ideología, política y bienestar público en España (2008-2014)

Idéologie, politique et bien-être public en Espagne (2008-2014)
Antonio Robles Egea

Abstracts

Political ideologies still have great influential power. When financial crises occurs, such as the recent one, take place solutions to economic and social problems depend on the ideological orientation that is at the service of politics and its various practical manifestations. The case of Spain shows that neoliberal-conservative ideologies have politically imposed their principles by limiting government expenditure on education, health and social assistance, along with other measures consistent with the reduction of the welfare state. The consequences have been harmful for those most in need within the population and also for the stability of the democratic system.

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Introducción

  • 1 Elíes Furió Blasco y Matilde Alonso Pérez, «Desempleo y reforma laboral en España durante la Gran R (...)

1España ha experimentado grandes cambios durante la última década. La crisis ha hecho retroceder los indicadores socioeconómicos a los niveles de principios de siglo. Los estratos más bajos de las clases trabajadoras han sufrido una gran pérdida de poder adquisitivo en medio de un panorama social dantesco. La involución del país, después de diez años de crecimiento continuado, tiene como correlato una reducción severa del Producto Interior Bruto (pib) y el considerable aumento de las tasas de desempleo por encima del veinte por ciento de la población activa1. España ha pasado de ser el país europeo que más empleo creaba, y el que más inmigrantes laborales aceptaba, a ser la economía con mayor decrecimiento, más desempleo y masiva salida de inmigrantes por retorno y reemigración.

  • 2 Para una buena explicación de las características económicas de la crisis véase Norberto E. García (...)

2La crisis ha afectado seriamente a la economía2, pero también ha alterado el funcionamiento normal de la sociedad y las instituciones jurídico-políticas, en las que ha aumentado la conciencia social crítica y la percepción de la necesaria reforma de la vida política en lo referente a la moralidad pública de las elites y a los mecanismos de acción política (ciudadanía, partidos, parlamentos, gobiernos, etc.). Una de las consecuencias principales para la sociedad española ha sido la implementación de políticas de austeridad siguiendo la moda neoliberal de las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional y el Banco Central Europeo, que representan el sentido político y económico dominante en la Unión Europea. Estas políticas públicas se han materializado mediante la reglamentación fiscal para la reducción y equilibrio del déficit público y la disminución del gasto público de bienes preferentes (educación, sanidad, vivienda) y ayudas sociales (dependencia, becas, etc.). Durante la crisis, si bien el gasto público general ha experimentado un aumento considerable de 2007 (38 % pib) a 2012 (47,3 % pib), derivado del pago de las pensiones y de las numerosas prestaciones sociales por desempleo, que no se han reducido, sí se ha comenzado su descenso desde 2013 y 2014, afectado por la persistencia de los gastos sociales mencionados y los atisbos de recuperación económica y mejora de los niveles de actividad laboral.

3Este artículo trata de explicar que la gran recesión económica y sus graves consecuencias para la vida social y política poseen profundas y diversas raíces. El descubrimiento de la existencia de causas lejanas y próximas en el tiempo requiere analizar, primeramente, los cambios generales en las ideologías políticas desde la década de los años sesenta, que han contribuido, tanto o más que las muy conocidas y más recientes variables financiero-económicas, a la configuración del pensamiento neoliberal-conservador como ideología hegemónica al servicio de los poderes económicos y políticos internacionales en la era de la globalización. La evolución en las últimas décadas de las políticas liberales, conservadoras, e incluso socialistas, pese a sus diferencias, es buena prueba de la presión del contexto general en el proceso de universalización de determinados principios y prácticas.

4La nueva ideología, que pretende ser al mismo tiempo contra-ideología o el fin de las ideologías, ha condicionado las políticas públicas de innumerables estados a través de sus agentes institucionales (administraciones públicas, organismos internacionales, partidos políticos, uniones regionales) e individuales (líderes políticos, militantes, votantes). Con la conquista del poder político por los partidos conservadores en Estados Unidos, Reino Unido y Alemania, en la década de los años 1980, se ha desviado la acción de gobierno de la orientación política liberal-socialista gestada por el Estado de Bienestar social durante la segunda posguerra mundial (1945-1973). A partir de entonces las políticas públicas concedieron mayor protagonismo a lo privado que a lo público, y limitaron la redistribución social de menores recursos públicos, haciéndola más inequitativa. En España, esto viene ocurriendo en menor medida desde la época en que se construyó el moderno Estado de bienestar a mediados de los años ochenta, alcanzando su mayor nivel a mediados de los noventa.

  • 3 Joaquín Estefanía, «Un Estado de bienestar encogido», El País, 8 junio 2015. [En línea] URL: http:/ (...)

5Las consecuencias de esta degradación de los niveles de gasto, sobre todo en los servicios sanitarios, educativos y sociales en general, han sido contraproducentes para la recuperación económica del país, además de ser un castigo para la población con menos recursos económicos, que ha visto la constante pérdida de calidad en los bienes públicos preferentes y de primera necesidad. La brecha abierta en el joven Estado de bienestar español3, ha provocado su paulatino hundimiento en sectores fundamentales, que continuará en los años próximos de aplicarse el Plan de Estabilización aprobado por el Gobierno de Rajoy para el periodo 2015-2018.

6En este texto se pretende mostrar que los cambios ideológicos del último cuarto del siglo xx han condicionado las políticas públicas de muchos países, España entre ellos, transformándose en políticas de austeridad en el marco de la reciente recesión económica, especialmente en la Unión Europea, con lo que implican de disminución de recursos destinados al bienestar social y de creación de un creciente malestar político de la población. Se trata de reflejar la evolución experimentada, comprobando el cambio de tendencia llegada la crisis, especialmente en el ámbito de las políticas sanitarias, educativas y sociales, a excepción de las pensiones y prestaciones por desempleo. Finalmente, se quiere ofrecer una panorámica de los efectos provocados por las carencias en estos sectores, materializados en la aparición de nuevos movimientos sociales y partidos políticos.

Los virajes de las ideologías políticas

7Los años finales de la década de 1960 y los comienzos de los setenta, especialmente a raíz de la rebelión de los estudiantes en 1968 y el inicio de la crisis del petróleo en 1973, provocaron en el mundo occidental una revisión generalizada de las principales ideologías políticas, aunque tal reflexión se había iniciado en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Era el momento del debate sobre El fin de las ideologías pronosticado por Daniel Bell, El final de la utopía según Herbert Marcuse y de otros temas como los límites del crecimiento, el feminismo, la falta de democracia real, etc.

8El fin de los sueños revolucionarios por el fracaso de los movimientos sociales del 68 y por la deriva burocrática e inmovilista de los regímenes comunistas de la época terminó en una frustración de las expectativas de los jóvenes más radicales y ciertos sectores de las clases medias y trabajadoras. El grueso de la sociedad de consumo postindustrializada renunció a cambios profundos, más allá de su interés por el crecimiento y el máximo bienestar económico. Sin embargo, la crisis económica en los países dependientes de la energía fósil, generada por la subida de los precios del petróleo, mostró la imposibilidad de continuar el crecimiento constante y la acelerada mejora de los niveles de bienestar público reflejados en el desarrollo económico de la segunda postguerra mundial. La idea de progreso, tal como había sido pensada en la Ilustración y desarrollada en los siglos xix y xx, era demasiado simple y optimista. Las guerras del siglo xx y las grandes crisis económicas de 1929 y 1973 habían hecho fracasar la ilusión utópica, eterna e infinita de una mejora constante de la humanidad.

9Ante la imposibilidad de una transformación completa de la sociedad del capitalismo financiero postindustrial, los movimientos de protesta se fraccionaron, haciéndose sectoriales: obrero, ecologista, feminista, pacifista, etc., reconociendo la incapacidad de conquistar el poder político y asumiendo un limitado poder de influencia externo. En la década de 1970, el socialismo y el liberalismo, que juntos habían amparado el nacimiento y desarrollo del Estado de bienestar, retrocedían ante la crisis fiscal que lo hacía inviable, o al menos más débil. Todavía fue más traumático y frustrante ver como los partidos conservadores ganaban las elecciones en el contexto de la crisis, gracias a un renovado liderazgo y un neoconservadurismo radicalmente liberal, que procedía de la interrelación del conservadurismo adaptado a la sociedad de postguerra (Kristol, Kirk, Bell, Lipset, Nisbet) y del neoliberalismo de Hayek, Von Mises, Friedman establecidos en la escuela de Chicago. Pese a las diferencias teóricas entre ellos, por el distinto peso que atribuían a los valores comunitarios y tradicionales, la confluencia entre ambas líneas de pensamiento se cristalizó en los espacios de la política práctica.

  • 4 Francisco Letamendía, El hilo invisible: Identidades políticas e ideologías, Bilbao, Editorial de l (...)

10Como sostiene Letamendía, desde los años setenta, la nueva derecha abandonó la vía intermedia del liberalismo y el conservadurismo que fundamentaba la parte liberal-capitalista de la estructura del Estado de bienestar, para unir «en un nuevo constructo las ideologías liberal y conservadora…. combinando el liberalismo de mercado anti-bienestar con el conservadurismo autoritario de la ley y el orden»4. Tras el triunfo político el objetivo era manifiesto: criticar el Estado de bienestar en todos sus aspectos más democráticos y sociales, neutralizar las demandas sociales, apoyar un capitalismo más vigoroso y equilibrado, etc.

  • 5 Este proyecto de renovación ideológica, formulado teóricamente por Anthony Giddens, La tercera vía. (...)

11En la década de los ochenta, el viraje hacia la derecha político-ideológica del electorado también provocó la paulatina decantación ideológica del Partido Laborista en Gran Bretaña y del Partido Demócrata en los Estados Unidos. La nueva orientación del laborismo hacia posiciones más centradas/moderadas en el espacio político, al menos estratégicamente, quedó reflejada en las teorías de la Tercera Vía de Anthony Giddens5, que fueron aceptadas por Tony Blair y sus seguidores. Posteriormente, el programa electoral y político del nuevo laborismo permitió el regreso al poder de los laboristas. La continuidad del centrismo socialista fue consolidada de manera paralela por Gerhardt Schröder en Alemania, Rodríguez Zapatero en España y actualmente por François Hollande en Francia. El derrumbe del comunismo soviético y las tendencias ideológicas que surgieron de sus cenizas alentaron esta deriva conservadora ante la inexistencia de sólidos enemigos políticos en los límites extremos de la izquierda, que en el fondo alimenta su crisis última.

12El revisionismo de la Tercera Vía o nuevo socialismo se caracterizó por evitar el intervencionismo estatal en la economía en circunstancias normales de equilibrio o crecimiento, y por quitar peso a las estructuras del Estado, procurando conducir la solidaridad pública a través de las ayudas individualizadas. La consecución del principal objetivo ideológico del socialismo, la igualdad, dependía de la piedra filosofal provista por el sistema tributario. Una recaudación suficiente y justa podría permitir los recursos públicos necesarios para redistribuir la renta, no solo con la extracción, sino con la aplicación del gasto público, especialmente en forma de subvenciones, becas, ayudas a las familias y empresas, es decir, mediante gastos preferentes. El nuevo socialismo creía firmemente en la libertad responsable del hombre, al que había que permitir el libre desarrollo de sus capacidades, con las que encontraría su puesto en la sociedad y no necesitaría más ayuda que de sí mismo para vivir dignamente.

  • 6 Alfonso Ortí, «Viejas y nuevas ideologías: hacia la dualización postsocialdemócrata», Documentación (...)

13Sin embargo, la finisecular revisión ideológica del socialismo ha supuesto, en opinión de Alfonso Ortí6, la desintegración del modelo clásico de la socialdemocracia posterior a la Segunda Guerra Mundial. El nuevo modelo es una social-tecnocracia neoliberal y procapitalista, en contradicción con los orígenes sociales obreristas del socialismo, que conduce a un final agónico por la insostenibilidad de la misma. A ello ha contribuido tanto la pérdida del sentido moral y utópico de los objetivos primigenios, como la proliferación de cuadros social-tecnócratas, que han igualado las actitudes de la socialdemocracia con las de los otros partidos liberales y conservadores. El socialismo actual es de tal ambigüedad que ha perdido el contacto con el imaginario colectivo que lo justifica. Su única finalidad es la adaptación al mundo de la competitividad económica y política transnacional, y la promoción de las individualidades. La nueva política socialista se desarrolla, pues, en el marco liberal de la globalización, bajo la presión de instituciones políticas mundiales como la Organización de Naciones Unidas, Organización Internacional del Trabajo, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico; suprarregionales como la Unión Europea y el G-7; e instituciones económico-financieras como el Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Banco Central Europeo, Asociación Internacional de Libre Comercio, etc., cuyos dictámenes condicionan el déficit público, la deuda y las transacciones comerciales.

14Cuando todo parecía llevar a una especie de estabilidad multipolar post Guerra Fría, con las orientaciones ideológicas renovadas del liberalismo, conservadurismo y socialismo, la crisis económica y financiera de 2008 ha hecho resurgir una nueva forma de acción política, creadora de una visión ideológica más radical-democrática, muy crítica con la clase política y un discurso social y populista, como se menciona al final de este artículo.

15El crecimiento desmedido y la ambición en las prácticas económico-comerciales provocaron una burbuja económica y financiera, especialmente en determinados sectores, que afectó a amplios sectores de las clases trabajadoras y medias, aumentando el desempleo, la desigualdad, etc. En las nuevas circunstancias, las protestas aparecieron de inmediato llenas de indignación, manifestándose en movimientos de ocupación de los espacios públicos, reclamación de medidas sociales, defendiendo a los desempleados e hipotecados, demandando mejores condiciones en la educación y la sanidad públicas, etc. De estos movimientos sociales y políticos han nacido nuevos partidos y formas más transparentes y directas de hacer política. En los espacios políticos e ideológicos que las ideologías clásicas dejaron descubiertos, ha fructificado un discurso neodemocrático, con diversas dramatizaciones nacionales y culturales, que hace emerger una nueva utopía mediante un discurso alternativo populista a partir de relecturas marxistas (Gramsci, Laclau, Mouffe, etc.).

Las políticas públicas de la austeridad

  • 7 Concepció Patxot y Ramon Farré, Evaluación de la sostenibilidad del Estado de bienestar en España, (...)
  • 8 El sentido común atribuye a la palabra austeridad connotaciones peyorativas. Supone una reducción d (...)

16Los cambios ideológicos que se mencionan han conducido, en el contexto de la crisis económico-financiera, a unas políticas de gran austeridad que limitan el bienestar público. Los principios del Consenso de Washington, procedentes del neoconservadurismo y el neoliberalismo de la escuela de Chicago, han creado complejos y múltiples desafíos a la política de nuestro tiempo desde los años 1980s. El éxito a escala global del llamado neoliberalismo ha impulsado políticas tendentes a la reducción del Estado de bienestar mediante la disminución del gasto público en sectores cruciales para la estabilidad social7. En aquellos países gobernados por partidos conservadores, o coaliciones de partidos de derecha y centro-derecha, la visibilidad del fenómeno es notoria, pero también lo es en países gobernados por el nuevo socialismo o el centro izquierda. Estas políticas, que se han llamado de austeridad8, consagran las teorías del déficit cero y la regulación fiscal descendente. Han conducido a una disminución del interés por la estabilidad y garantía del puesto de trabajo flexibilizando el mercado laboral. Igualmente han llevado a la pérdida de la preocupación por el grave problema de la inmigración, como también han olvidado el problema de la dependencia y de la ayuda social. La reducción del gasto en sanidad y educación ha supuesto un deterioro significativo de las prestaciones sanitarias y educativas. Aunque, al menos en España, se trata por todos los medios de mantener el estado de la seguridad social, las pensiones y las prestaciones por desempleo, no se ha evitado la inseguridad de los colectivos de trabajadores más precarios (contratos de corta duración, salarios mínimos, parados de larga duración) y los pensionistas, que se encuentran con servicios sociales de educación, sanidad, cultura, ayuda social muy disminuidos de recursos, cuando no inexistentes o ineficaces.

  • 9 Manfred B. Steger y Ravi K. Roy, Neoliberalismo. Una breve introducción, Madrid, Alianza Editorial, (...)
  • 10  Josep Burgaya, El Estado de bienestar y sus detractores. A propósito de los orígenes y la encrucij (...)

17Así pues, el neoliberalismo-conservadurismo, encarnado en los gobiernos de Reagan y Thatcher, reconduce la política hacia la máxima libertad y competencia de los mercados internacionales, el gobierno de las elites y el favor del poder corporativo. El Estado no interviene en los grandes negocios, pero sí controla la vida ciudadana para asegurar el orden público y la moral más tradicionalista9. La plasmación de los principios neoliberales quedó reflejada en el decálogo de medidas económicas condensadas en el Consenso de Washington, que el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y otras instituciones económicas y thinktanks con sede en Washington recomendaron a los países latinoamericanos, pero que se extendieron por todas partes del mundo10. Estas medidas eran: disciplina fiscal y control del déficit presupuestario; reducción del gasto público, especialmente administración pública y gasto militar; reforma fiscal (amplia base y cumplimiento eficaz); liberalización financiera a tasas de interés de mercado; tasa de intercambio competitivas para ayudar a las exportaciones; liberalización comercial (fin de licencias de importación y reducción de aranceles); promoción de la inversión extranjera directa; privatización de empresas estatales para mejorar producción y eficacia; desregulación de la economía; protección de los derechos de propiedad; garantías de préstamo (cancelados a países endeudados); programas de ajuste estructural. Estos eran y son todavía los mandamientos del neoliberalismo.

  • 11 Eloisa del Pino y Juan Antonio Ramos, «Las reformas de las políticas de bienestar en España: Una vi (...)

18La idea del nuevo y menguado Estado del bienestar, aceptada durante ya bastante tiempo, y del concepto mismo de bienestar de la ciudadanía, implican que el mantenimiento del bienestar social depende del nivel de competencia económica del país que se trate, en el marco de la más completa liberalización de los mercados económicos. Lo que predomina política e ideológicamente es la idea de que las políticas de bienestar social no deben ser una carga excesiva para el desarrollo y rendimientos económicos, ni representar coste excesivo para las empresas11. El Estado de bienestar en España ha seguido esta tendencia que le dictaba su tiempo, por ser Estado de bienestar tardío, sujeto a sus propios condicionantes y estar ubicado dentro de las estructuras comunitarias. Aun siendo un Estado que dispone de una cierta maniobrabilidad hacia la reducción del bienestar, se ve obligado a mantener la seguridad sobre los riesgos esenciales de la población, pues el coste electoral sería considerable. Los cambios realizados en las políticas de bienestar han sido resultado de causas normales, como las coyunturas, la ideología de los partidos en el poder, las adaptaciones tecnológicas de la gestión, las nuevas demandas sociales y la opinión pública, la gravedad de los problemas, etc., manteniendo sus propiedades durante el periodo 1984-2008, justo antes de la crisis. En ese momento, era contrastable que

  • 12 Ibid, op. cit. p. 341.

19«en términos generales, y a primera vista, no se puede afirmar que se haya producido un retroceso del Estado del Bienestar ni recortes generalizados, ni por lo que se refiere al reconocimiento de derechos (se ha producido el reconocimiento formal de nuevos derechos…), ni desde el punto de vista cualitativo agregado. No obstante, sí se han producido reestructuraciones de importancia en el caso de algunas políticas de bienestar que tienen una trayectoria más larga (pensiones, sanidad), así como recortes en el caso de la prestación por desempleo»12.

20Lo cual no quita la incorporación de nuevas políticas, como las de la dependencia, inclusión, juventud, mujeres, es decir, nuevos grupos de riesgo, unidas a la tan solicitada contención del gasto y nuevos métodos de gestión inspirados en el mercado privado.

  • 13 Josep Burgaya, El Estado de bienestar y sus detractores, op. cit., p. 223. «A partir de mayo de 201 (...)

21A partir de 2008, la crisis económico-financiera provocó una primera reacción del Presidente José Luis Rodríguez Zapatero, en la línea de las políticas anticíclicas keynesianas, pero en mayo de 2010 fueron suprimidas por las presiones y críticas que recibieron en la dirección de la Unión Europea13. Al comienzo de su segundo mandato, Zapatero aprobó el Plan E (España) y la Ley de Economía Sostenible, apoyada financieramente en el Fondo para la economía sostenible de 20.000 millones de euros y el Fondo de Inversión local de 5.000 millones. Para contrarrestar los primeros atisbos de la crisis se trataba de iniciar una segunda modernización de España (tras la de los ochenta) y llegar a una economía tecnológica y verde, incluyendo la racionalización de la banca: Ley de Cajas y de Transparencia Bancaria y el Plan de Reforzamiento del Sistema Financiero.

  • 14 Ibid, p. 211-213, «Ángela Merkel en el papel de máximo dirigente europeo es quien mejor ha represen (...)
  • 15 Andrés Ortega y Ángel Pascual-Ramsay, ¿Qué nos ha pasado? El fallo de un país. Barcelona, Galaxia G (...)

22A principios de 2010 se habían comprobado algunos indicios de mejora (disminución del paro, aumento de cotizantes a la Seguridad Social, incremento de exportaciones). Sin embargo, fueron solamente «brotes verdes» coyunturales que se secaron muy pronto. Paralelamente, la Unión Europea, a través de sus instituciones y líderes, sobre todo de Ángela Merkel14 y Nicolás Sarkozy, se reclamaba el recorte del gasto público para reducir el déficit, la deuda y garantizar la confianza a los mercados de inversión (noche de las tijeras largas). Zapatero tuvo que aceptar las recomendaciones y «lo que empezó siendo una crisis del modelo neoliberal acabó llevándose por delante el gasto público y las políticas sociales»15.

  • 16 Andrés Ortega y Ángel Pascual-Ramsay,¿Qué nos ha pasado?, op. cit., p. 67-68. Jubilación general a (...)
  • 17 Andrés Ortega y Ángel Pascual-Ramsay,¿Qué nos ha pasado?, op. cit., p. 67-69.

23Efectivamente, la exigencia de una reducción de 30.000 millones de euros de las cuentas públicas provocó el giro de la política keynesiana iniciada por Zapatero. En junio de 2010 el gobierno socialista aprobó la Ley de Medidas Urgentes del Mercado Laboral, que junto a otras reformas, provocaron la huelga general de 29 de septiembre. Dentro del Plan de Austeridad para 2011-2013 se reformaron las condiciones de acceso y prestación de las pensiones16; se subió el IVA; se suprimió el cheque bebé; se eliminó la desgravación fiscal por compra de segunda vivienda; se redujo el salario de los empleados públicos en un 5%, quedando congelado para años sucesivos; el de los miembros del gobierno se hizo decrecer en un 15%; también se congelaron las pensiones contributivas; se restringieron las jubilaciones parciales; se disminuyó drásticamente la prestación por dependencia; se recortaron los gastos farmacéuticos y la ayuda a la cooperación; se paralizaron las proyectadas inversiones en infraestructuras; el acuerdo marco con las Comunidades Autónomas y Ayuntamiento se restringió en 5.000 millones de euros. En suma, el Plan de Austeridad pretendía recortar el gasto público entre un 6% en 2011 y un 3% en 2013 para llegar a un ahorro del 2,6 % del pib, lo que supuso una reducción de 5.250 millones en 2010, y aproximadamente 10.000 en 201117.

24Antes de acabar la legislatura, Rodríguez Zapatero disolvió las Cortes y convocó elecciones generales, intuyendo que el resultado final sería contrario a un Partido Socialista debilitado por hacer políticas públicas en las que no creía. El candidato del Partido Popular, Mariano Rajoy, se encontró con un gran triunfo electoral aplastante y una mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados. El Partido Popular acumuló en ese momento el mayor poder político de toda su historia. Sin embargo, no tenía muy clara su respuesta a la contingencia por la que España pasaba, es más, tenía que renunciar a desarrollar buena parte de su programa electoral.

25En medio de la tempestad, el Gobierno se vio obligado a aceptar el rescate impuesto por la UE, con el objetivo de anular el crecimiento de la deuda pública y aportar recursos monetarios al sistema financiero, amenazado por los créditos impagados de las constructores, inmobiliarias e hipotecas, la falta de liquidez para el gasto corriente y la imposibilidad de continuar con la oferta de crédito. Como contrapartida, el gobierno de Rajoy relanzó las políticas de recortes de los servicios públicos y los salarios de los empleados públicos. Poco después volvió a reformar la legislación laboral y del mercado de trabajo, provocando el mayor número de despidos habido hasta entonces, con lo que eso significaba para las arcas del Estado, la precarización del empleo y la demanda general en el país. Volvieron a crecer los impuestos indirectos, disminuyó la cobertura del paro, forzó la restricción del gasto en las entidades locales y amplios sectores sociales quedaron en riesgo de exclusión social, con la finalidad de reducir el gasto público en 65.000 millones de euros, que afectaron especialmente a servicios públicos fundamentales por su carácter social como la educación, la sanidad, la dependencia, la integración de inmigrantes, etc.

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Políticas de educación

  • 18 Ramon Farré y Concepció Patxot, «El gasto público en educación», en Concepció Patxot y Ramon Farré, (...)

27Durante los años de la crisis la educación pública ha sufrido constantes recortes de su financiación y pérdida progresiva de su calidad, haciéndose más visibles en la fase final 2012-2014. El deterioro del sistema educativo se verifica en todos los niveles de la enseñanza y en todas las Comunidades Autónomas, entidades responsables de la gestión18, aunque con variaciones significativas en los niveles del gasto asignado presupuestariamente.

28Teniendo en cuenta el sistema en su conjunto, el primer condicionante del malestar en la educación procede de las restricciones puestas a la contratación del profesorado necesario (tasas bajas de reposición por jubilaciones, no sustituciones por enfermedad, despido de profesores interinos, incremento de las horas docentes, etc.) y de la reducción, y congelación posterior, de los salarios de los profesores. Todo esto ha contribuido a una mayor masificación de las aulas o incremento de la relación profesor-alumno, con todo lo que esto conlleva de mayor carga laboral y, por tanto, mayor dificultad para ofrecer una enseñanza de calidad.

29Las políticas de austeridad en educación han llegado a recortar considerablemente los recursos económicos de los centros destinados a gastos de comedores, limpieza, materiales escolares, mantenimiento de instalaciones, etc. Igualmente el número y cuantía de las becas destinadas a la ayuda familiar ha disminuido en la enseñanza primaria y secundaria, debido al endurecimiento de las condiciones (resultados escolares de los alumnos y nivel de renta familiar) de acceso a la becas. De ello se ha derivado un gran daño a muchas economías familiares, e indirectamente a los alumnos.

30En el caso de la enseñanza secundaria se ha limitado la ayuda (profesores de apoyo, ayuda psicológica) a los alumnos con dificultades para obtener los resultados mínimos, favoreciendo el prematuro abandono escolar. Los resultados de los periódicos Informe Pisa muestran los problemas que tienen los alumnos españoles en aspectos básicos de la formación de escolares y bachilleres. En suma, la reducción de la calidad de la enseñanza ha sido manifiesta, lo que retrasa la posibilidad de subsanar los defectos coyunturales y estructurales que pesan sobre nuestro sistema educativo. Las propuestas incluidas en la Ley Orgánica para la Mejora y Calidad han sido tan contestadas que habrán de ser remodeladas o retiradas, como ha reconocido el nuevo ministro de educación.

  • 19 Elena Arrieta, «Efectos de la crisis en la universidad española», El Mundo, 7 de junio 2015, p. 22; (...)
  • 20 Ibid. A tener en cuenta que España dedicó a educación superior alrededor del 0,11% del pib en 2013, (...)

31La situación descrita anteriormente sigue siendo de validez para la Universidad española, teniendo en cuenta las peculiaridades de la Educación Superior19. De acuerdo con la diversidad de la gestión de la Comunidades Autónomas, de quienes depende la financiación de las universidades, se observa una disminución del presupuesto (alrededor de 5.500 millones de euros) durante los años de la crisis, si bien el último año académico 2014-2015 presenta ya indicios de crecimiento20. Esto vaticina una mayor estabilidad y expectativas de recuperación.

32Debido a este descenso presupuestario y la tendencia a la autofinanciación (educación a coste real), que se imponen desde las orientaciones europeas, han aumentado las tasas académicas, aunque de manera variable según las Comunidades, por lo que se han creado grandes desigualdades entre unas y otras. A pesar del aumento de recaudación por tasas, es imposible cubrir las pérdidas presupuestarias por esta vía, ni tampoco por las aportaciones de la empresa privada, poco acostumbrada en España a contribuir a los gastos de investigación y docencia.

33En estos años de 2008 a 2012 el número de alumnos en las universidades ha aumentado, después del ciclo descendente de 2000-2008 generado por la posibilidad de encontrar buenos trabajos y salarios durante la fase de crecimiento económico 1996-2007. Precisamente, ha sido la disminución de la actividad económica y la pérdida de puestos de trabajo lo que ha hecho que muchos de los jóvenes que abandonaron los estudios regresen a las aulas. Sin embargo, se comprueba un nuevo descenso del número matriculados desde el año académico 2012-2013, lo que sin duda tiene que ver con una normalización demográfica, pero también con la reducción media de la cuantía de las becas y ayudas a los estudiantes desde 2012, lo que contrasta con el crecimiento constante de las concesiones en los seis últimos años. En todo caso, los altos niveles de exigencia para la consecución de las becas y el aumento del coste de la segunda matrícula, han aumentado los rendimientos escolares, lo que no impide que, desde el comienzo de la crisis, los nuevos egresados hayan perdido la empleabilidad acostumbrada. De ahí, la fuga al exterior de un número considerable de titulados en España, lo que constituye un nuevo fenómeno en la sociedad española.

34Si a todo ello sumamos la congelación de las contrataciones y sueldos, la disminución de recursos materiales en los centros, el desconcierto provocado por la adaptación de los planes de estudio al Espacio Europeo de Educación Superior (Plan Bolonia) y el escaso porcentaje del pib que España dedica a Investigación y Desarrollo (1,23 % frente al 2,4 % medio de la OCDE), se comprueba el malestar general que existe en la educación universitaria, pero también en los demás niveles de enseñanza.

Políticas de sanidad

  • 21 Concepció Patxot, «La situación financiera intertemporal de la política pública en España», en Conc (...)
  • 22 Luis Palomo y María José Rabaneque, «Crisis económica, política sanitaria y salud», en Gestión clín (...)

35Las políticas sanitarias de la crisis han reflejado con nitidez la reducción de recursos para este sector público21, especialmente en lo que se refiere al descenso de profesionales dedicados a la actividad y sus salarios, con el consiguiente aumento de la jornada laboral, sin olvidar el copago sanitario y farmacéutico o la implantación de servicios externalizados, desde gestión administrativa hasta determinadas actividades de asistencia22, o también la limitación de ayudas a la dependencia y la eliminación del servicio de salud general a los inmigrantes «sin papeles», es decir, en situación ilegal, a los que se hará referencia más adelante.

  • 23 Paulo Antonio de Carvalho Fortes, Regina Ribeiro Parizi Carvalho y Marilia Cristina Prado Louvision(...)
  • 24 Luis Palomo y María José Rabaneque, «Crisis económica….», op. cit., p. 16-19.

36El exponente del cambio se ha concretado en el Real Decreto-ley 16/2012 que pretendiendo hacer una sanidad sostenible representa un regreso al viejo sistema de la Seguridad Social23, pensado solamente para empleadores, trabajadores, pensionistas, desempleados y beneficiarios familiares de los anteriores. La idea de sanidad universal, adoptada en los años finales del siglo xx, ha sufrido un duro ataque, del que trata de recuperarse en este comienzo de reversión de la crisis. Pero, en todo caso, las medidas implementadas han generado desigualdad entre regiones y grupos de población, han restringido derechos establecidos constitucionalmente y han excluido socialmente a inmigrantes y personas dependientes. Por ejemplo, el copago ha fomentado una disminución notable del número de consultas, en contraposición con un considerable crecimiento de las hospitalizaciones por retrasar la asistencia a los centros de salud, lo que ha supuesto un aumento del gasto sanitario, en aquellas Comunidades Autónomas que lo tienen establecido: justo lo contrario de lo que se pretendía24.

  • 25 Ibid, op. cit., p. 16-19.
  • 26 Daniel La Parra y Carlos Álvarez-Dardet, «Relación entre crisis económica y salud. ¿Lo relevante so (...)

37Las dudas sobre la viabilidad del Sistema Nacional de Salud, tal como está estructurado y su probada falta de completa eficiencia, han llevado a un debate sobre la sanidad pública que ha conducido a una reflexión sobre su necesaria reforma. Sin embargo, carecen de justificación las alabanzas a la sanidad privada y a la libre competencia en salud como medio para obtener mejor calidad y mejores precios en los servicios. La realidad donde es libre la elección entre sanidad pública y privada, o donde se reparten entre lo público y lo privado determinados servicios, como es el caso de Holanda, no parece que hagan disminuir los precios y los costes totales, ni reflejan una mayor calidad de las prestaciones, ni tampoco la consecución de una sanidad universal, puesto que hay amplios grupos de población que deciden no pagar ningún seguro médico y asistencial25. Como dicen La Parra y Álvarez-Dardet, algunas de las medidas adoptadas han causado efectos negativos sobre los grupos de población con mayores necesidades y sus familias26.

Políticas de ayuda a la dependencia

  • 27 Alberto Muñoz Fernández (coord.), El cuidado de las personas dependientes ante la crisis del Estado (...)
  • 28 Vicente Marbán, «Atención a la dependencia», en Luis Moreno (ed.), Reformas de las políticas de bie (...)

38Como complemento de lo anterior, la crisis desvió de sus principales objetivos al proyecto de ayuda a las personas dependientes27 elaborado por el primer gobierno de Rodríguez Zapatero y materializado durante 2006 en la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia. Unos años después las grandes expectativas depositadas en esta concreta política pública habían desaparecido28.

39La cuestión de la ayuda a los dependientes había sido tenida en cuenta por la previsión constitucional de asistencia social a los disminuidos. Desde 1982 se contempló esta realidad social en diferentes documentos, planes y normativas al respecto, pero la inclinación demográfica de la sociedad española al envejecimiento, la incorporación de la mujer al mundo del trabajo, fragmentación de la familia tradicional y la falta de recursos para la resolución del problema, hicieron necesario el tratamiento específico del tema y procurar los medios para abordarlo con éxito.

40La ley trataba de ayudar a todas aquellas personas que por enfermedad o edad no pudieran valerse por sí mismas para realizar las actividades materiales básicas, mediante la subvención económica a los cuidadores profesionales o familiares, creando un sector laboral especializado en la gestión de estas tareas y, finalmente promocionando un modelo y estructura empresarial para atender las necesidades materiales de la dependencia.

  • 29 Isabel Tatiana Alonso Pérez, Desarrollo y financiación de la Ley de dependencia en un contexto de c (...)

41Las ilusiones de muchas familias con dependientes a su cargo se truncaron ante la complejidad y tardanza de la tramitación de la solicitud de ayuda a la dependencia, cuya competencia y gestión asumieron las Comunidades Autónomas, con lo que esto supone de diversidad burocrática y pluralidad de voluntades políticas. Otras consiguieron su objetivo en los primeros momentos de la aplicación de la ley, pero con la llegada de la crisis y las políticas de austeridad las ayudas a la dependencia se congelaron y redujeron mediante toda una serie de reformas legales29. Las solicitudes continuaron tramitándose y un buen número de trabajadores sociales se encargaron de estar presentes en todo el proceso, pero en lo que respecta a la satisfacción económica de las nuevas demandas y a la creación del número de empresas necesarias dedicadas al sector el proyecto no logró sus objetivos.

Políticas de inmigración

42Aun sabiendo que la inmigración proporciona mejoras en el saldo fiscal generado por el sistema de la seguridad social, a través del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas, y aumenta la demanda general en el consumo, con todas las implicaciones que esto conlleva, las políticas públicas que regulan la inmigración han reducido los mecanismos de ayuda y compensación social hacia los inmigrantes.

43Es cierto que la acogida de millones de inmigrantes en el plazo record de un lustro ha provocado un aumento de costes en la sanidad, la educación y demás servicios sociales, especialmente en comunidades como Madrid, Cataluña y Valencia. Sin embargo, estos gastos van acompañados con beneficios globales y crecimiento de superávits en la administración estatal. Mientras, la disminución de los presupuestos autonómicos y el deterioro en la gestión de escuelas, centros de salud de atención primaria y hospitales han hecho perder la calidad de los servicios y la legitimidad de la administración autonómica ante la población autóctona.

  • 30 Francisco Javier Moreno Fuentes y María Bruquetas Callejo, Inmigración y Estado de bienestar en Esp (...)

44El gasto social principal ocasionado por la inmigración30 es la sanidad y la educación (75% aproximadamente), seguido por el gasto en desempleo, ayuda social de supervivencia, discapacidad y familia (el otro 25%). Entre 2000 y 2007 estos parámetros se mantuvieron estables dentro de una ligera subida, pese al comienzo del retorno y la salida de una parte de la inmigración, especialmente latinoamericana, que ha ido siendo sustituida lentamente por la llegada de otros inmigrantes, sobre todo subsaharianos. Sin embargo, desde 2007 se aprecia un descenso en gasto social hacia la inmigración, tanto en las comunidades autónomas como en el Estado, que ha afectado a planes como III Plan de Inmigración de Andalucía y a programas de ayuda proporcionados por las Diputaciones provinciales y los municipios, que es el caso del Fondo de Apoyo a la Acogida e Integración de Inmigrantes y de Refuerzo Educativo de Andalucía (FAIREA), desde hace años paralizados.

45En estas circunstancias de crisis cabe pensar que la inmigración mina la legitimidad del Estado de bienestar al fracturar el contrato establecido y la solidaridad pactada entre una población homogénea. Al entrar en la escena una multitud pluriétnica se tambalean los principios de identidad y distribución ante la necesidad del reconocimiento del otro y de la redistribución de la riqueza y el bienestar, a los que también contribuyen los inmigrantes. No es extraña, pues, la reacción contra un Estado de bienestar con crecientes dificultades de satisfacción de demandas o su pérdida. Pero esto, más que dificultar la ayuda al inmigrante, debe proporcionarla, toda vez que los principios de solidaridad universal, justicia social y redistribución de riqueza constituyen el cemento sobre el que se construyó el Estado de bienestar social y es necesario adaptarlos a las nuevas situaciones.

La disminución del gasto público de bienes preferentes

  • 31 Santiago Álvarez García, Juan Prieto Rodríguez y Desiderio Romero Jordán, «Principales rasgos de la (...)

46Como se ha dicho anteriormente, las políticas públicas de austeridad implementadas durante los años de la crisis han llevado consigo una reducción considerable del gasto público, que ha hecho evidente la contradicción con la tendencia alcista existente en España desde los años de la Transición política, solo afectada por momentos clave de crisis económica 1992-1994 o de gran desarrollo a comienzos del siglo xxI. Teniendo en cuenta los parámetros del gasto público español, se comprueba desde 1975 «que el crecimiento [….] ha sido espectacular en comparación con el resto de países europeos», pasando del 23,5% del pib en aquel año al 47,6% en 1993, su mayor cota en el pasado siglo xx, y en lo que llevamos del xxI31. Esta evolución ha estado acompañada con una constante y paulatina subida de los ingresos públicos y de la presión fiscal: del 21,3 % en 1970 al 40,9 % en 1993 (máxima) y al 39,3 % en 2002, pero esto ha sido insuficiente para satisfacer el gasto, por lo que ha tenido que ser sufragado parcialmente con deuda pública. El proceso de convergencia con los países más avanzados de Europa ha sido, por tanto, progresivo en el último cuarto del siglo xx, lo que demuestra la cima alcanzada y las evoluciones posteriores, que han seguido ciertos paralelismos con los parámetros europeos.

47Las transferencias corrientes a familias y empresas han desempeñado un papel muy importante en la expansión del gasto. Es el caso de las prestaciones sociales monetarias (pensiones, desempleo, protección familiar y becas), que representan una media de un quinto del gasto público total, y los intereses de la deuda y las subvenciones a empresas. Todas juntas tienen un peso medio del 48,47 % en el gasto público 1975-2000, frente al 37,29 % del consumo público, 8,45 % de la inversión pública y el 5,70 % de transferencias de capital.

  • 32 David Cantarero Prieto y Rosa M. Urbano Garrido, «Políticas sectoriales de gasto público. Sanidad», (...)
  • 33 María Jesús San Segundo, «El gasto público en educación: 1975-2000» en Javier Salinas Jiménez y San (...)

48El gasto de bienes preferentes, asociados a la asignación presupuestaria para financiación de la sanidad, educación y vivienda, representa un promedio del 25,6 % del gasto público total (1975-1996) y el 9,65 % del pib. Durante el periodo señalado sufrió un crecimiento constante hasta 1992, con ligero descenso desde este año a 1996. En 1975, la sanidad suponía un 15,14 % del gasto público total y un 3,8 % del pib, mientras que en 1996 había descendido el porcentaje, 12,16 %, sobre el gasto público total, pero había aumentado al 5,4 % del pib32. Para estos mismos años de referencia la educación se incrementó del 8,38 % del total del gasto público y del 2,1 % del pib al 10,47 % y al 4,16 % de ambos conceptos33.

  • 34 Santiago Álvarez García, Juan Prieto Rodríguez y Desiderio Romero Jordán, «Principales rasgos de la (...)

49El punto de inflexión de mediados de los años noventa inició un lento declinar hasta 2006, año en el que había descendido al 38,30 % del pib, casi diez puntos por debajo de la macromagnitud medida en 1996. La disminución iniciada hasta llegar a parámetros inferiores al 40 % fue debida, al menos, a tres causas: la crisis económica derivada de la Guerra del Golfo o de Irak, los ajustes de convergencia de la Unión Europea (Tratado de Maastricht) y la presión internacional a favor de políticas neoliberales, que se intensificó con la caída del comunismo en Europa del Este34.

50A partir de 2007 el gasto público español comienza a subir de nuevo hasta recuperar en 2012 una cifra similar a la del año 1993 (47,3%). Esta rápida escalada se debe a las condicionantes de la crisis de 2008, en la que, sin embargo, se observa una tendencia a la baja desde 2013. Los datos del gasto público en educación y sanidad lo verifican: en 2008 se gastaba en educación un 11,28 % del pib, y en sanidad un 15,89 %, mientras que en 2014 eran un 9,52 y un 14,96 respectivamente, lo que representaba un descenso de 1,76 puntos en educación y 0,93 en sanidad.

Tabla 1. Gasto Público 2007-2012

Año

Total (millones de euros)

%

pib

Gasto Sanitario

(% Gasto Público)

Gasto Educativo

(% Gasto Público)

2007

420680

38,90

15,68

11,26

2008

459294

41,10

15,89

11,28

2009

493865

45,80

15,70

10,95

2010

493106

45,60

15,63

10,86

2011

488618

45,40

14,96

10,62

2012

499288

47,30

14,96

9,52

2013

464759

44,30

14,96

9,52

2014

461124

43,60

14,96

9,52

*Fuentes: Instituto Nacional de Estadística (INE) y datos macroeconómicos en http://www.datosmacro.com/​/estado/​gasto/​espana

Las consecuencias sociales y políticas

51La reducción del gasto público ha sido percibida por la población como una serie de recortes al bienestar público. El malestar con las políticas iniciadas por el gabinete Zapatero (2008-2011) y continuadas por el de Rajoy (2008-2015) ha generado una movilización social sin precedentes en nuestra reciente historia. La indignación de amplios sectores de la ciudadanía creó, a partir de varias Plataformas reivindicativas, el movimiento 15-M, y posteriormente, las llamadas mareas de colores (verde la educación, blanca la sanidad, violeta en defensa de los derechos de las mujeres, etc.).

52Después del comienzo de la crisis, cuando la actividad crediticia se paralizó, las tasas de desempleo aumentaron y se hizo público el fuerte incremento de la corrupción de una parte de las elites políticas, el malestar de amplias capas de la población fue evidente. Por otro lado, el desarrollo de una conciencia colectiva que reclamaba la movilización social y política como única forma de respuesta (manifestaciones, ocupaciones de espacios públicos, uso de las redes sociales, entre otras modalidades de acción) a las injusticias y desigualdades derivadas de la aplicación de recortes presupuestarios en educación, sanidad, servicios sociales, precios públicos, etc.

53La separación de lo público (la política y los políticos) de los intereses generales y su unión a los intereses particulares/privados ha provocado el mayor comportamiento democrático de los últimos quince años contra demasiados privilegios y egoísmos, que no han sido reprimidos o eliminados por servidores públicos alejados de las preocupaciones populares. La amplia percepción social de un gran desequilibrio y riesgo sociales o de una enorme incertidumbre frente al futuro azaroso incide, aún más si cabe, en la acción contra las limitaciones de la vida digna, entendida como portadora de derechos y libertades de carácter económico y social, e incluso político, al considerarse la necesidad de una regeneración o reconstrucción democrática.

54El descontento se ha materializado en el surgimiento de nuevos movimientos sociales, como del 15-M (asambleas ciudadanas, concentraciones) o las mareas ciudadanas (carácter defensivo) como un intento de hacer respetar los derechos básicos conseguidos en el Estado de bienestar, es decir, tratan de profundizar la democracia, tanto en extensión como en calidad de la misma. Se trata de defender lo público frente a la privatización y la sumisión del Estado ante las grandes multinacionales y grupos financieros, que aspiran a una distribución desigual y jerárquica de los bienes comunes. El objetivo final es recuperar o revitalizar la cultura política de la participación, reducida a mínimos tras los años de la Transición.

55Se trata de movimientos que se construyen desde las desestructuradas clases medias, muy heterogéneas y bastante desideologizadas, pero alcanzan a grupos sociales con recursos escasos y necesitados por efectos de la carestía y escasa ayuda social, por los estragos de las hipotecas dejadas de pagar, las deficiencias de los servicios públicos, especialmente sanitarios y educativos.

56La confluencia de Democracia real ya, No les votes, Juventud sin futuro, Afectados por la hipoteca y otras plataformas reivindicativas en lo que fue el movimiento de los indignados o del 15-M no puede ser un tenido como un movimiento radical, salvo por su reacción ante la política ultraconservadora y de austeridad reinantes. En lo demás, se reclama un regreso a las posiciones socialdemócratas clásicas del tercer cuarto del siglo xx.

Conclusión

  • 35 Alfredo Pérez Rubalcaba, «Es la ideología», El País, 27 de julio de 2015. En opinión del que fuera (...)
  • 36 A tener presente la limitada soberanía de los estados actuales, insertos en las redes internacional (...)

57La crisis de 2008-2014 ha creado una grave situación por sus consecuencias perniciosas sobre los niveles de bienestar de buena parte de la población. Asimismo, la crisis ha sido aprovechada por el Gobierno conservador del Partido Popular para traducir políticamente las tendencias ideológicas neoliberales dominantes en la globalización, no solamente en lo económico y social, sino también en lo político y cultural35. Desde 2010, las políticas públicas implementadas siguen las pautas de la austeridad dictadas por los poderes de la Unión Europea, lo que ha deteriorado el volumen y la calidad del Estado del bienestar en España, sobreviviendo gracias a la legitimidad adquirida en su corta vida y a los efectos colaterales que tendría electoralmente una reducción mayor de las prestaciones y servicios básicos36.

  • 37 Josep BURGAYA, El Estado de bienestar..., op. cit. p. 227

58Los mayores recortes han sido practicados en los llamados gastos preferentes (sanidad, educación y vivienda). El gasto social también ha disminuido considerablemente (inclusión, dependencia, asistencia, etc.). De todo ello deriva el malestar social observado en las numerosas movilizaciones habidas desde el comienzo de la crisis, que han dado lugar a nuevos movimientos sociales. Sin duda, los recortes y disminución del gasto público fundamental son las causas de las masivas reivindicaciones de una democracia real y un verdadero Estado de bienestar37.

59Y es que la crisis económica y financiera ha provocado el derrumbe del modelo de crecimiento basado en el crecimiento del sector de la construcción, pensado y alimentado por los gobiernos de José María Aznar. En el camino han aparecido las debilidades del sistema democrático, horadado por la corrupción política, las deficiencias cívicas de las clases dirigentes y los déficits de participación ciudadana en todos los niveles político-administrativos y en todo tipo de órganos representativos, ejecutivos y judiciales.

60No es extraña, pues, la reacción popular y populista que muestran las imágenes y discursos del Movimiento 15-M, que puede ser considerado paradigma o arquetipo de otros movimientos sociales habidos en el exterior durante la crisis. Como el famoso búho de Minerva, que siempre vuela en el crepúsculo, los frutos de las rebeliones sociales contra la crisis se reflejan en nuevos partidos políticos como Podemos, Ciudadanos y una red bien amplia de Plataformas sociales y políticas, que aspiran a conquistar esferas de poder político para hacer una redemocratización de la sociedad en el sentido más socialdemócrata posible.

61La coyuntura del año electoral de 2015 y los atisbos de mejora económica transmiten la idea de que lo peor ha pasado. Ahora, hay una cierta euforia con matices en todas las fuerzas políticas. De hecho todas afirman haber conseguido parte de sus objetivos en el proceso de cambio que se inicia ahora. Pero los problemas de fondo son difíciles de resolver, máxime cuando las soluciones han de ser encontradas y desarrolladas en el medio y largo plazo. Es decir, la necesaria restructuración de los sectores productivos, la implementación de políticas de armonización social y las reformas político-constitucionales requieren de un largo periodo para su realización, que además pueden verses colapsadas por nuevas crisis económicas internacionales.

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Notes

1 Elíes Furió Blasco y Matilde Alonso Pérez, «Desempleo y reforma laboral en España durante la Gran Recesión», Cahiers de Civilisation Espagnole Contemporaine, 14, 2015 [en línea] URL: http://ccec.revues.org/5721 Consultado 7 de Agosto 2015.

2 Para una buena explicación de las características económicas de la crisis véase Norberto E. García y Santos M. Ruesga Benito (Coords.), ¿Qué ha pasado con la economía española? La Gran Recesión 2.0 (2008 a 2013), Madrid, Ediciones Pirámide, 2014.

3 Joaquín Estefanía, «Un Estado de bienestar encogido», El País, 8 junio 2015. [En línea] URL: http://economia.elpais.com/economia/2015/06/07/actualidad/1433699544_748626.html Consultado el 8 de agosto de 2015.

4 Francisco Letamendía, El hilo invisible: Identidades políticas e ideologías, Bilbao, Editorial de la Universidad del País Vasco, 2013, p. 13

5 Este proyecto de renovación ideológica, formulado teóricamente por Anthony Giddens, La tercera vía. La renovación de la socialdemocracia, Madrid, Taurus, 1999, trata de reconstruir un nuevo Estado social inversor ante la quiebra del consenso político de la postguerra mundial, el descrédito del marxismo y los profundos cambios tecnológicos, económicos y sociales creados por la globalización. El nuevo Estado social ha de dirigirse a la generación de bienestar psíquico, desarrollando las capacidades individuales, supuesto que ya existe el bienestar material (educación, sanidad, pensiones, ayudas sociales, etc.) logrado con un progresivo aumento del gasto social.

6 Alfonso Ortí, «Viejas y nuevas ideologías: hacia la dualización postsocialdemócrata», Documentación social, 99-100, 1995, p. 9-37.

7 Concepció Patxot y Ramon Farré, Evaluación de la sostenibilidad del Estado de bienestar en España, Madrid, Ediciones 2010, 2007 (Coordinado por Josep Miró i Ardevol), p. 145.

8 El sentido común atribuye a la palabra austeridad connotaciones peyorativas. Supone una reducción del gasto en todos los conceptos y la sobriedad en el estilo de vida. El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española la define como «mortificación de los sentidos y pasiones» o por ser la cualidad del austero, con varias acepciones, entre las que lo califica de severo, sobrio, sencillo, penitente, etc.

9 Manfred B. Steger y Ravi K. Roy, Neoliberalismo. Una breve introducción, Madrid, Alianza Editorial, 2011, p. 46

10  Josep Burgaya, El Estado de bienestar y sus detractores. A propósito de los orígenes y la encrucijada del modelo social europeo en tiempos de crisis, Barcelona, Octaedro, 2013, p. 112; Manfred B. Steger y Ravi K. Roy, Neoliberalismo…, op. cit., p. 42-43.

11 Eloisa del Pino y Juan Antonio Ramos, «Las reformas de las políticas de bienestar en España: Una visión de conjunto», en Luis Moreno (ed.), Reformas de las políticas de bienestar en España, Madrid, Siglo xxi, 2009, p. 344.

12 Ibid, op. cit. p. 341.

13 Josep Burgaya, El Estado de bienestar y sus detractores, op. cit., p. 223. «A partir de mayo de 2010, debido al empeoramiento de la economía, Rodríguez Zapatero se vio obligado a hacer un giro radical en su política económica, forzado por la Unión Europea de la mano de Ángela Merkel que supondría la sustitución de las medidas de estímulo a la demanda y de combate contra el paro por medidas basadas en la austeridad centradas en la reducción del déficit público».

14 Ibid, p. 211-213, «Ángela Merkel en el papel de máximo dirigente europeo es quien mejor ha representado la exigencia de una disciplina estricta basada en la austeridad desde el papel central de Alemania en la economía y en la política de la Unión Europea. Líder de perfil bajo y con una tendencia autoritaria que recuerda a Margaret Thatcher representa un conservadurismo cristiano extremo y se mantiene aferrada a la filosofía económica de estricta observancia neoliberal».

15 Andrés Ortega y Ángel Pascual-Ramsay, ¿Qué nos ha pasado? El fallo de un país. Barcelona, Galaxia Gutenberg-Círculo de Lectores, 2012, p. 67.

16 Andrés Ortega y Ángel Pascual-Ramsay,¿Qué nos ha pasado?, op. cit., p. 67-68. Jubilación general a los 67 años con cierta flexibilidad a algunos colectivos (de 61 a 67 años); se favorece el conjunto de la pensión a madres por periodos de embarazo y a becarios que no cotizaron a la Seguridad Social; se amplía el computo de años cotizados de 15 a 25; se incrementa el número de años cotizados a 37 (o 38 y seis meses según edad) para acceder a al 100% de pensión; se prevé la revisión del nuevo modelo para 2017.

17 Andrés Ortega y Ángel Pascual-Ramsay,¿Qué nos ha pasado?, op. cit., p. 67-69.

18 Ramon Farré y Concepció Patxot, «El gasto público en educación», en Concepció Patxot y Ramon Farré, Evaluación…, op. cit., p. 105-141.

19 Elena Arrieta, «Efectos de la crisis en la universidad española», El Mundo, 7 de junio 2015, p. 22; Elisa Silió, «Crece la brecha autonómica de precios universitarios», El País, 4 de julio 2015, p. 24. Basados respectivamente en los estudios Education at a glance 2013 y La Universidad española en cifras (Informe 2013 de la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas).

20 Ibid. A tener en cuenta que España dedicó a educación superior alrededor del 0,11% del pib en 2013, mientras que la media de la ocde está en 0,31 %.

21 Concepció Patxot, «La situación financiera intertemporal de la política pública en España», en Concepció Patxot y Ramon Farré, Evaluación…, op. cit., p. 92-95; Francisco Javier Moreno Fuentes, «Del sistema sanitario de la Seguridad Social al Sistema Nacional de Salud descentralizado», en Luis Moreno (ed.), Reformas…, op. cit., p. 101-135.

22 Luis Palomo y María José Rabaneque, «Crisis económica, política sanitaria y salud», en Gestión clínica y sanitaria, 14 (1), 2012, p. 16-19. [En línea] URL: http://www.iiss.es/gcs/gestion51.pdf Consultado 14 de agosto 2015.

23 Paulo Antonio de Carvalho Fortes, Regina Ribeiro Parizi Carvalho y Marilia Cristina Prado Louvision, «Economic Crisis and Counter-reform of Universal Health Care Systems: Spanish Case», en Revista de Saúde Pública, 49, 2015. [En línea] URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-89102015000100602&lng=en&nrm=iso&tlng=en Consultado 5 de agosto 2015.

24 Luis Palomo y María José Rabaneque, «Crisis económica….», op. cit., p. 16-19.

25 Ibid, op. cit., p. 16-19.

26 Daniel La Parra y Carlos Álvarez-Dardet, «Relación entre crisis económica y salud. ¿Lo relevante son las políticas de austeridad?», en Salud colectiva, 10 (1), 2014, p. 92-94.

27 Alberto Muñoz Fernández (coord.), El cuidado de las personas dependientes ante la crisis del Estado de bienestar, Valencia, Tirant humanidades, 2013.

28 Vicente Marbán, «Atención a la dependencia», en Luis Moreno (ed.), Reformas de las políticas de bienestar…, op. cit., p. 207-237.

29 Isabel Tatiana Alonso Pérez, Desarrollo y financiación de la Ley de dependencia en un contexto de crisis económica, Jaén, Universidad de Jaén, 2015. Trabajo de Fin de Grado inédito. [En línea] URL: http://tauja.ujaen.es/bitstream/10953.1/1333/1/TFG-Alonso%20P%C3%A9rez,%20Isabel%20Tatiana.pdf Consultado 22 Agosto 2015.

30 Francisco Javier Moreno Fuentes y María Bruquetas Callejo, Inmigración y Estado de bienestar en España, Barcelona, Obra Social «la Caixa», 2011.

31 Santiago Álvarez García, Juan Prieto Rodríguez y Desiderio Romero Jordán, «Principales rasgos de la evolución del gasto público en España 1975-2003», en Javier Salinas Jiménez y Santiago Álvarez García (Coord.), El gasto público en la democracia, Madrid, Instituto de Estudios Fiscales, 2003, p. 47-75.

32 David Cantarero Prieto y Rosa M. Urbano Garrido, «Políticas sectoriales de gasto público. Sanidad», en Javier Salinas Jiménez y Santiago Álvarez García (Coord.), El gasto público…, op. cit., p. 155-188.

33 María Jesús San Segundo, «El gasto público en educación: 1975-2000» en Javier Salinas Jiménez y Santiago Álvarez García (Coord.), El gasto público…, op. cit., p. 191-222.

34 Santiago Álvarez García, Juan Prieto Rodríguez y Desiderio Romero Jordán, «Principales rasgos de la evolución del gasto público…», op.. cit., p. 47-75.

35 Alfredo Pérez Rubalcaba, «Es la ideología», El País, 27 de julio de 2015. En opinión del que fuera líder del Partido Socialista y candidato a la Presidencia del Gobierno en disputa con Mariano Rajoy, «El Partido Popular ha aprovechado la crisis para hacer cambios que nada tenían que ver con nuestra situación económica. Reformas profundamente ideológicas. En algunos casos de ideología de quita y pon, fuertemente influenciada por la demoscopia». Se refiere a la contrarreforma de la Ley sobre la interrupción voluntaria del embarazo; de la Ley Wert de Mejora de la Calidad de la Educación (para recuperar la asignatura de Religión frente a la de Educación para la ciudadanía, para posibilitar la separación por sexos en las aulas, segregación de alumnos con dificultades, etc.); de la nueva Ley de Seguridad Ciudadana (para controlar el derecho y la libertad de manifestación); de la supresión de la cobertura sanitaria de los inmigrantes, a la que finalmente ha tenido que renunciar por las sentencias contrarias del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo amparadas en el carácter universal del derecho a la salud en España, etc.

36 A tener presente la limitada soberanía de los estados actuales, insertos en las redes internacionales de inmensas empresas, en la legalidad dictada por innumerables organizaciones mundiales y regionales, económicas, financieras, políticas y culturales, en el marco de un proceso de globalización neoliberal/neoconservador, que a duras penas es contenido por tendencias contrarias de carácter localista y nacionalista.

37 Josep BURGAYA, El Estado de bienestar..., op. cit. p. 227

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References

Electronic reference

Antonio Robles Egea, “Ideología, política y bienestar público en España (2008-2014)”Cahiers de civilisation espagnole contemporaine [Online], 15 | 2015, Online since 07 January 2016, connection on 28 March 2024. URL: http://journals.openedition.org/ccec/5972; DOI: https://doi.org/10.4000/ccec.5972

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