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Études
Dossier « La crise en Espagne : dimensions politique et économique »

La corrupción en España: rasgos y causas esenciales

La corruption en Espagne : principaux traits et causes essentielles
Manuel Villoria

Résumés

Cet article essaie de présenter les plus importantes caractéristiques d’un des problèmes les plus graves dont souffre l'Espagne : la corruption. Selon nos recherches, l’Espagne n’a pas un problème de corruption systémique mais un problème de corruption politique très grave. Ce type de corruption est souvent souligné par les médias et est associé aux problèmes économiques du pays, surtout au chômage, et il cause un important problème de désaffection et de méfiance envers les institutions politiques du pays.

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Texte intégral

Introducción

1En el texto que se presenta vamos a realizar un análisis de los rasgos y causas de la corrupción en España. Ciertamente, un estudio detallado del fenómeno daría lugar a un texto muy extenso para los límites que una revista de estas características permite, por lo que desarrollaremos un análisis sucinto de los rasgos fundamentales del fenómeno y de alguna de sus causas.

2La emergencia de multitud de escándalos de corrupción y la correspondiente preocupación por este fenómeno, medida esencialmente a través de encuestas de percepción y de victimización, se ha sumado a la presión hacia la desconfianza institucional existente en España, derivada de la crisis económica y de la sensación de falta de respuesta por parte de los poderes públicos a las demandas de los españoles/as. El texto que presentamos trata de utilizar todo el aparato teórico y conceptual existente hasta el momento sobre la corrupción para explicar el fenómeno en España. En base a lo hasta ahora estudiado podemos establecer algunas hipótesis que trataremos de demostrar en el texto, en concreto las siguientes: 1. España no tiene un problema de corrupción sistémica. 2. En España la corrupción de los funcionarios es baja. 3. Pero, sin embargo, existe un problema serio de corrupción política. 4. Probablemente ahora hay menos corrupción de la que había cuando estábamos creciendo. 5. La corrupción se da sobre todo en el nivel local de Gobierno. 6. La percepción de corrupción ciudadana de la corrupción es altísima y ello genera, a su vez, problemas. 7. Las causas fundamentales de corrupción han tenido o tienen que ver con defectos institucionales muy graves y áreas de riesgo muy poco protegidas.

  • 1 Ver: José Luis Díez Ripollés, Ana María Prieto del Pino y Alejandra Gómez Céspedes, Per Stangeland, (...)

3Pasemos a analizarlos, no sin antes hacer una breve referencia al concepto de corrupción. En este artículo vamos a utilizar esencialmente el concepto de corrupción entendido como abuso de poder en el sector público para beneficio privado, sea directo o indirecto, con incumplimiento de normas jurídicas; es por ello que no vamos a hacer aquí referencia a la corrupción en el sector privado o la corrupción pública que no implica incumplimiento claro de normas jurídicas, como ocurre con la captura de políticas. Somos conscientes de que, con esta decisión, dejamos fuera de análisis aspectos relevantes de la corrupción, pero la complejidad del fenómeno hace inevitable la acotación. Seguimos con ello una línea ya consolidada, pues los estudios sobre escándalos políticos y corrupción en España en los últimos 15 años se han centrado esencialmente en la corrupción pública sancionable jurídicamente1.

España no tiene un problema de corrupción sistémica

  • 2 Staffan Andersson y Paul M. Heywood, “The Politics of Perception: Use and Abuse of Transparency Int (...)
  • 3 Andrés Solimano, “La corrupción: motivaciones individuales, fallas del Estado y desarrollo” in Andr (...)
  • 4 UNDP (United Nations Development Program) and Global Integrity (2008): A User’s Guide to Measuring (...)

4Medir la corrupción es difícil. Estamos ante un delito y, por ello, ante actuaciones que se ocultan para evitar el castigo. Saber cuánta corrupción «real» hay en un determinado país es casi imposible, pero existen aproximaciones que nos permiten situar a los países dentro de categorías generales como las de corrupción sistémica, alta corrupción, corrupción moderada o corrupción baja. La medición de la corrupción se ha convertido en un tema de investigación crecientemente importante2. En general, se puede hacer de tres formas3. En primer lugar, se puede hacer objetivamente, en base a las denuncias de corrupción y las investigaciones abiertas por el ministerio público o los jueces de instrucción; o a través de proxies, como el precio de los contratos sobre una serie de bienes homogéneos. En segundo lugar, a través de encuestas de percepción de corrupción a inversores nacionales y extranjeros, a expertos o a la ciudadanía en general. Finalmente, a través de encuestas (encuestas de victimización) en las que se pregunta a los ciudadanos por sus experiencias directas en el pago de sobornos o en las extorsiones que sufren de parte de funcionarios del Estado. En la actualidad hay más de quince instrumentos de medición, de manera global o regional, y muchos de ellos se han sofisticado bastante4. Ninguno de los instrumentos internacionalmente usados para medir la corrupción nos indica que España tenga nieles de corrupción sistémica.

5Si cuando usted sale a la calle hay bastantes posibilidades de que cualquier policía le pare y le pida un soborno, si la aceptación en un colegio y las notas de sus hijos dependen de sobornos, si su aceptación en un hospital y el tratamiento también dependen de aceptar cohechos, y si los jueces dictan sentencia en función de lo que reciben de los políticos y enjuiciados entonces usted vive en un país de corrupción sistémica. En los tres últimos Índices de Percepción de Corrupción de Transparency International (un índice compuesto de varias encuestas hechas a expertos y empresarios) se puntúan 175-176 países en un orden que va de menor (100 puntos) a mayor corrupción (0 puntos); en 2012, Dinamarca, Finlandia y Nueva Zelanda tenían 90 puntos, Somalia, Corea del Norte y Afganistán tenían 8 puntos: España, en 2012 (ver Tabla 1), estaba en el 20% superior (puesto 30), con una puntuación de 65 puntos. Italia, por ejemplo, estaba en el puesto 71 y tenía 42 puntos. En 2013 la situación para España empeoró notablemente. Bajó a 59 puntos, al puesto 40 y dentro de Europa nos adelantaron en el ranking de menos corruptos Portugal y Polonia. En todo caso, todavía tenemos más de 130 países por detrás. Esto nos llevaría a una conclusión optimista, no estamos tan mal. Y a otra pesimista, si nosotros somos el 40, el mundo es un desastre. Además, en 2013 hemos bajado en el índice hasta niveles de hace 15 años y esto tiene efectos sobre la imagen de España y las inversiones sostenibles en nuestro territorio. Preocuparse de la percepción que tienen los expertos es importante. Finalmente, en 2014 no ha habido prácticamente variación, aunque se puede dejar constancia de una mínima mejora.

Tabla 1: España en el IPC de Transparencia Internacional 1995-2013

AÑO

PUNTOS

VARIACIÓN*

PUESTO RÁNKING

Nº PAÍSES

PUESTO UE 15

PUESTO UE 25

Nº ESTUDIOS

2014

60

45-71

37

180

13

15

7

2013

59

41-73

40

176

13

16

7

2012

65

52-73

30-31

176

12

13

7

2011

6,2

4,5-7,3

31º

182

12

14

9

2010

6,1

5,3-6,8

30º

178

12

15

6

2009

6,1

5,5-6,6

32º

180

12

15

6

2008

6,5

5,7-6,9

28º

180

12

14

6

2007

6,7

6.2 - 7.0

25º

179

12

12

6

2006

6,8

6,3-7,2

23º

163

12º

12º

7

2005

7,0

6,6-7,4

23º

159

12º

12º

10

2004

7,1

6,7-7,4

22º

146

11º

11º

11

2003

6,9

5,2-7,8

23º

133

11º

11º

11

2002

7,1

5,2-8,9

20º

102

10

2001

7,0

5,8-8,1

22º

91

10º

10º

8

2000

7,0

5,9-8,0

20º

90

10º

10º

8

1999

6,6

s.d. 0,7

22º

99

11º

11º

10

1998

6,1

s.d. 1,3

23º

85

12º

12º

10

1997

5,9

s.d. 1,82

24º

52

12º

12º

6

1996

4,31

s.d. 2,48

32º

54

14º

17º

6

1995

4,35

s.d. 2,57

26º

41

13º

13º

4

6Hasta 1999 la variación en las puntuaciones de los diversos estudios empleados se medía en desviación típica. Desde 2000 aparece el rango. Fuente: IPC, Transparency International.

7En cualquier caso, la corrupción sistémica se empieza a producir cuando se baja un poco más en la escala y a las encuestas de percepción de expertos se unen las encuestas de victimización y se observa una correlación importante entre alta percepción y alta victimización.

En España la corrupción de los funcionarios es baja

  • 5 La libre designación permite al ministro o al alcalde (dependiendo del ámbito territorial) nombrar (...)

8Esta afirmación se fundamenta en encuestas de victimización repetidas durante siete oleadas a través del Global Corruption Barometer de Transparency International. En estas encuestas, hechas a ciudadanos directamente, se pregunta, entre otras cosas, si «usted o alguien de su familia ha tenido que pagar, de alguna forma, un soborno en los últimos doce meses» para poder acceder a muy diferentes servicios públicos, desde la educación a la concesión de licencias urbanísticas. Pues bien, los datos de España son muy parecidos a los de Alemania, Suiza, Noruega e, incluso, Finlandia (ver tabla 4, mas abajo). No más del 2% de los encuestados reconoce ese pago, mientras que en Rumanía esta en el 17% y en Grecia en el 22%. Esta baja victimización mide la corrupción del funcionariado y, por lo que vemos, esta es baja en España y no muy diferente de la de los países menos corruptos del mundo. La sombra está en la Administración local, donde sube algo más que en el resto, pero en general parece que el modelo meritocrático weberiano, donde se impone, reduce las posibilidades de corrupción de forma significativa. Por ello, reforzarlo (sobre todo en la Administración local y empresas públicas), mejorarlo (por ejemplo, eliminando la libre designación5 en los nombramientos para puestos de funcionarios e introduciendo evaluación del desempeño para los empleados públicos) y protegerlo (con un órgano independiente ad hoc) es clave en la lucha contra la corrupción.

  • 6 Eurobarometer (2013) Special Eurobarometer 397, “Corruption”. European Union. Brussels.

9Los datos del último Eurobarómetro (2013)6 reafirman lo aquí avanzado. Ante la pregunta sobre si «conoce usted a alguien que acepte sobornos» la media en la Unión Europea es de 12% y en España los datos dan un 11% de respuestas afirmativas, con datos tan curiosos como que en Italia el resultado es de 9%, pero en Holanda de 15%, Suecia 18% o Francia 16%. Ante la pregunta de si «le han pedido a usted un soborno en los últimos 12 meses» la media europea de respuestas afirmativas es de 4% y en España el dato es de 2%, con áreas como el sector sanitario o la policía que dan un 0% de respuestas positivas. Y, finalmente, ante la pregunta de si ha sido usted testigo o le han pedido un soborno en los últimos 12 meses la media europea es de 8%, lo que coincide con las respuestas afirmativas en España: 8%.

En España, sin embargo, existe un problema serio de corrupción política

10Para sostener esta afirmación permítanme acudir a datos objetivos, de las estadísticas judiciales. El 18 de noviembre de 2009, el ex-Fiscal General del Estado, Cándido Conde-Pumpido, hablando de la corrupción política, reveló en el Congreso que las causas que se estaban investigando en la Fiscalía en ese momento eran 730, datos obtenidos a partir de un muestreo de los asuntos relevantes que afectaban a cargos públicos electos o de designación política por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones. Desde entonces, algunas de estas causas han sido cerradas, pero otras muchas abiertas. Y de importantes causas abiertas han ido surgiendo numerosos casos anexos que han dado lugar a piezas separadas de extraordinaria importancia política y social. El 15 de abril de 2013, el Presidente del Consejo General del Poder Judicial, Gonzalo Moliner, presentó un informe en el que, solicitando más instrumentos para luchar contra la corrupción, afirmó que se necesitarían 64 jueces de apoyo más para ayudar a los 798 juzgados que estaban en estos momentos trabajando en 2173 casos complejos; de ellos, 1661 estaban relacionados con casos de corrupción o delitos económicos. Obviamente, los casos más importantes han sido ampliamente tratados por los medios de comunicación. Muchos otros han pasado, sin embargo, desapercibidos por afectar a funcionarios y no tener gran repercusión económica.

  • 7 Dictar una resolución a sabiendas de que es ilegal.

11Otro dato importante es que, de acuerdo a los datos obtenidos de la prensa, más de 600 municipios españoles tienen algún escándalo de corrupción investigado y este hecho en algunas comunidades es apabullante, por ejemplo, casi el 60% de los municipios en Murcia y el 40% de los de Canarias. Más aún, de un análisis de las estadísticas judiciales se puede colegir que aún en 2012, ya en plena crisis del sector inmobiliario, había unas 1000 causas abiertas por prevaricación7 urbanística. La suma de todo nos indica que hay más de 1000 políticos investigados por corrupción.

12Pero, para complicarlo aún más todo, el caso Bárcenas pone a toda la cúpula del PP bajo sospecha y el caso Urdangarín a la Casa Real. Parece obvio que nuestros políticos, sobre todo los alcaldes, tienen demasiado monopolio en la toma de decisiones, mucha discrecionalidad y muy poco control, y que para reducir la corrupción van a tener que aceptar autoimponerse controles, reducir sus ámbitos de discrecionalidad y reducir sus poderes monopolísticos en la toma de decisiones, como se ha hecho con los convenios urbanísticos en la última ley del suelo (ya no son decisión del alcalde, sino del pleno).

13Y todo esto sin entrar en el análisis de lo que podríamos denominar corrupción legalizada o captura del Estado, de la que antes ya hablamos. En estos casos, grandes grupos de interés muy bien financiados son capaces de «comprar» regulaciones e, incluso, leyes, a cambio de financiar generosamente al partido en el gobierno. En España, hay muy pocos estudios, aún, de lo que serían casos de captura del Estado, aunque algunos hemos podido demostrar que, en gran parte, la política urbanística española de los últimos años ha estado capturada por promotores y constructores en algunas zonas de España. También existen algunos datos sobre la captura de las políticas regulatorias, especialmente en el sector bancario, de las telecomunicaciones, sanitario y energético. Probablemente, los siguientes escándalos políticos afloren por ese camino. Cuando surjan, se unirán a todo lo anterior y nos demostrarán los niveles reales de corrupción política existente. Una adecuada regulación de las actividades de lobby, unidas a la ley de transparencia –en la que se debería haberse incluido la obligación de los cargos electos y altos cargos políticos de publicar su agenda de reuniones-, podría prevenir para el futuro nuevos casos o, al menos, reducirlos. Mientras tanto, la percepción de corrupción que los españoles tienen de los políticos y partidos es apabullante. En el último Eurobarómetro de 2013 tenemos el dudoso honor de ser los europeos que perciben más corrupción entre los partidos (84%) y los políticos (72%), superando a Italia (68%) y (63%) respectivamente.

Probablemente ahora hay menos corrupción de la que había cuando estábamos creciendo

  • 8 Elena Costas-Perez, Albert Sole-Olle, Pilar Sorribas-Navarro, “Corruption Scandals, Press Reporting (...)
  • 9 ASP/JDS, 1987, XI.

14Cualquier análisis mínimamente riguroso de los casos de corrupción actualmente investigados puede demostrar que la mayoría provienen de aquellos años en los que, en España, presumiblemente la corrupción se reducía y el país crecía sin límites previsibles. Entonces apenas se hablaba del tema, una gran parte de los ciudadanos votaba a los corruptos8 e implícitamente se asumía que la corrupción era aceite para el sistema. En suma, cuando en España la situación económica era positiva y así se percibía por la mayoría de los españoles, la percepción de corrupción bajaba, hasta el punto que entre 2001 y 2006, los años de la especulación y de la burbuja urbanística son los años en la serie histórica de ASEP9, que va de 1994 a 2011, donde hay más españoles que consideran que la corrupción ha disminuido algo y mucho (34,6% en 2002 y 34% en 2006). Sin embargo, el análisis de los casos descubiertos posteriormente demuestra que esa es una de las épocas más corruptas de la historia reciente de España.

15Precisamente, en 2005, la dimensión del caso Marbella activó las alarmas y el gobierno Zapatero inició las primeras medidas de combate que, ya con el caso Gürtel y el comienzo de la crisis económica, generaron los primeros cambios en la opinión pública (ver tabla 4) y el reforzamiento de las investigaciones. Se ha avanzado mucho en la lucha, pero hay enormes problemas aún para juzgar rápida y ejemplarmente. No sabemos si cuando se supere la crisis nuestros juicios morales volverán a ser tan laxos, pero conviene aprovechar este momento de indignación moral para adoptar las reformas legales, organizativas y procesales que el país necesita. En todo caso, parece claro que la percepción de expertos en aquel momento era excesivamente optimista, otra cosa es si la percepción actual es la que realmente expresa la situación comparativa de España. Hoy en día, en todo caso, se investiga más y mejor la corrupción y los fiscales y jueces saben mucho mejor cómo combatirla. Por esta razón, aunque las investigaciones policiales para casos de corrupción no se han incrementado desde la llegada de la crisis, últimamente se han dictado más escritos de acusación por parte de los fiscales y han surgido más sentencias contra casos de corrupción que en años precedentes (300 sentencias por delitos de corrupción condenatorias en 2013). Ver gráficos 1 y 2.

Gráfico 2

La corrupción se da sobre todo en el nivel local de Gobierno, y, hasta cierto punto, en el nivel autonómico

  • 10 Luis Jerez Darias, Víctor Martín Martín y Ramón Pérez González, “Aproximación a una geografía de la (...)

16La corrupción que estudiamos se ha desarrollado ante todo en el nivel local de gobierno y ha estado vinculada al boom de la construcción. La corrupción de CC.AA también ha sido alta y ha tenido mucha responsabilidad en la corrupción local. Pero en los últimos diez años no ha habido prácticamente ningún caso de corrupción en el Gobierno nacional que afectara a altos cargos relevantes (otra cosa es la captura de políticas, como antes dijimos). En el ámbito local, de los 110 municipios con más habitantes y/o capitales de provincia, en más de 40 de ellos ha habido casos investigados en estos años. A ellos, se pueden añadir más de 550 municipios medianos y pequeños con casos también investigados. No hay que olvidar, por otra parte, que el 90% de los municipios españoles tienen menos de 10.000 habitantes. En suma, que probablemente estemos hablando de casi 300 municipios con alguna causa abierta de entre un número total de municipios con posibilidades de generar corrupción altamente rentable no superior a los 1000 (750 mayores de 10.000 habitantes y otros costeros). Y en total más de 600 municipios españoles tienen o han tenido algún escándalo de corrupción investigado, este fenómeno en algunas comunidades es apabullante, por ejemplo, casi el 60% de los municipios en Murcia y casi el 40% de los de Canarias10.

17La causa fundamental de este fenómeno ha sido el urbanismo. De hecho, si conectamos estos datos con las encuestas de percepción, nos encontramos con que el porcentaje de encuestados que consideran que la corrupción está «muy extendida» entre las autoridades que conceden permisos y licencias de obras es del 35,6%, frente a un 12,1% que considera que está «muy extendida» entre las fuerzas de seguridad (2009). En el último Eurobarómetro de 2013 España es el país de la UE donde hay mayor percepción de corrupción entre los funcionarios/políticos que dan permisos de construcción (54%). Esto se refleja también en la victimización, pues en esas áreas del urbanismo es donde más se reconoce el pago de sobornos. Más aún, de un análisis de las estadísticas judiciales se puede colegir que aún en 2012, ya en plena crisis del sector inmobiliario, había unas 1000 causas abiertas por delitos urbanísticos vinculados a la corrupción.

18Todo esto explica el alto nivel de percepción general de corrupción en los gobiernos locales en España. Una comparación con Italia y Francia nos permite ver, el deterioro existente (ver tabla 3). Sin embargo, en general, se acusa más al gobierno nacional de corrupción por razones de lejanía e ideológicas, así como por hacerle responsable del conjunto del problema. En todo caso, los encuestados del sur de Europa tienen ahora una mayor inclinación que en 2005 a creer en la extendida corrupción de sus niveles locales y regionales de gobierno; pero España es, de los tres países más importantes del sur, aquél en el que el deterioro de imagen ha sido mayor. Más aún, los españoles son, de entre todos los europeos, los que dan una puntuación más alta, junto a Grecia e Italia, a la pregunta de qué porcentaje de sus políticos locales y regionales están implicados en actividades corruptas.

Tabla 3. Percepción de la corrupción en las instituciones locales, regionales y nacionales. Suma de los que están de acuerdo con la existencia de corrupción en cada una de las instituciones.

País

Año

Local

Regional

Nacional

España

2005

74%

73%

74%

España

2009

89%

90%

91%

España

2013

91%

91%

95%

Comparación 2005-2013

+ 17%

+19%

+21%

Italia

2005

81%

81%

84%

Italia

2009

89%

86%

89%

Italia

2013

92%

92%

93%

Comparación 2005-2013

+11%

+11%

+19%

Francia

2005

71%

73%

81%

Francia

2009

79%

80%

83%

Francia

2013

75%

75%

76%

Comparación 2005-2013

+4%

+2%

-5%

Fuente: Eurobarómetro 325, 2009, Eurobarómetro 245, 2005 y Eurobarómetro 397, 2013

La percepción de corrupción ciudadana de la corrupción es altísima

  • 11 Richard Rose, Caryn Peiffer, “Paying bribes to get public services: A Global Guide to Concepts and (...)
  • 12 De acuerdo al Eurobarómetro 2013, a nivel nacional, el país en el que los encuestados perciben que (...)

19Aunque las encuestas demuestran que, en todos los continentes, la experiencia individual de pagar sobornos es menor que la percepción de corrupción pública11, la percepción de corrupción en España es peculiar. De todos los países de la Unión Europea, España es el que, en los últimos 3 años, ha sufrido los mayores cambios en la percepción de corrupción y en la asunción de la corrupción como uno de los problemas más importantes del país12. Como se puede ver en la Tabla 4, en 2013 un 95% de los españoles creían que había corrupción en las instituciones nacionales del país. También se puede observar en la tabla que España es el país donde la diferencia entre la experiencia personal de corrupción, medida por las tasas de victimización –haber tenido que pagar un soborno– y las percepciones –medida por el Eurobarómetro 2013– es la más alta. Si se contrastan estos datos con los de Hungría, Polonia, Rumanía o Italia, por ejemplo, se puede comprobar que los datos de victimización son superiores en todos estos países, pero la percepción ciudadana es más baja que en España. Si la percepción dependiera enteramente de la experiencia directa de corrupción, en España la percepción no podría ser muy diferente a la de Alemania u Holanda. Pero la realidad es que la percepción es un fenómeno bastante complejo. Así, la corrupción percibida no se refiere solamente a los sobornos, sino a una forma de hacer política basada en la constante intromisión de los intereses particulares en la toma de decisiones políticas y viceversa, con efectos, finalmente, muy perversos para el bienestar colectivo. Según el Eurobarómetro de 2013, el 77% de los españoles creen que la corrupción es parte de la cultura de los negocios en el país (la media europea es del 67%), el 84% creen que el soborno y las conexiones son la forma más sencilla de obtener servicios públicos (media europea 73%), el 67% que la única forma de tener éxito en los negocios son las conexiones políticas (media europea 59%). Esto explica en parte la diferencia antes mostrada, los españoles ven que la conexión entre dinero y política es continua y perversa.

Tabla 4: Porcentaje de gente que admite haber pagado un soborno en los últimos 12 meses en España y otros países de la Unión Europea y su relación con las percepciones de corrupción (CPI: 100 = least corrupt; 0 = most corrupt)

In the past 12 months have you or anyone living in your household paid a bribe in any form to public institutions/or-ganisations?

2004

2009

2013 (Barometer TI and eurobaro-meter)

Scores CPI 2013

Eurobarometers 2009/2011/2013. Agree with: «there is corruption in the national institutions of my country».

Difference between victimization and perception on Eurobarometer 2013

Austria (1)

1%

2%

9% /5%

69

66% / 85%/73%

73-5= 68

Czech Republic

21%

11%

15%/8%

48

96% / 95%/94%

94-8= 86

Denmark

2%

1%

1%/1%

91

35% / 25%/38%

38-1 =37

Finland

3%

2%

1%/1%

89

68% / 50%/51%

51-1 = 50

France(1)

2%

2%

7%/2%

71

83% / 80%/76%

76-2= 74

Germany(1)

1%

2%

2%/1%

78

80% / 70%/74%

74-1= 73

Greece

11%

18%

2%/7%

40

98% / 99%/97%

97-7= 90

Hungary

nd

14%

12%/13%

54

98% / 86%/72%

72-13= 59

Holland(1)

2%

2%

2%/2%

83

56% / 39%/57%

57-2= 55

Italy1

2%

10%

5%/2%

43

89% / 95%/93%

93-2= 91

Poland(1)

5%

4%

15%/15%

60

86% / 73%/78%

78-15= 63

Portugal

2%

2%

3%/1%

62

91% / 91%/86%

86-1 =85

Romania

25%

14%

17%/25%

43

87% /89%/82%

82-25 =57

U.K.

1%

3%

5%/1%

76

76% / 73%/72%

72-1= 71

Spain

2%

2%

2%/2%

59

91% /93%/95%

95-2= 93

201 The data on Italy is for 2007 because no data were available for 2009. The data on Austria, France, Germany, Holland and Poland are from 2010 (no data available for 2013). In 2013 the data are from the Global Corruption Barometer and form Eurobarometer 397.

Fuentes : Transparency International’s (TI) Global Corruption Barometer and Corruption Perception Index; Eurobarometers 72.2; 374; 397.

  • 13 Manuel Villoria y Fernando Jiménez (op. cit.); Alberto Vanucci, “The Controversial Legacy of ‘Mani (...)
  • 14 Metroscopia survey shows 95-percent mistrust in courts’ grip on corruption. Disponible en El País i (...)
  • 15 Metroscopia 3/3/2013. http://elpais.com/elpais/2013

21Pero, además, la percepción es el fruto de variables exógenas al fenómeno corrupto en sí mismo considerado, como ahora veremos. Algunos argumentan que la atención mediática ayuda a incrementar las percepciones de corrupción creando un efecto de «echo chamber», por virtud del cual las historias más mediáticas sobre la corrupción son repetidas una y otra vez, llevando a reforzar creencias e insensibilizando a la gente sobre el nivel real de la corrupción, sobre todo cuando las condenas son escasas y la percepción de impunidad es elevada13. A esta percepción de impunidad contribuyen diversos factores, entre ellos sobre todo dos: los indultos y la lentitud de los macro-procesos penales. Entre 2000 y 2012, ha habido 132 indultos a políticos condenados por casos de corrupción; por otra parte, el tiempo medio de los macro-procesos para emitir una sentencia está en casi 10 años. Lógicamente, la opinión pública sobre el tema está afectada por este fenómeno. En una reciente encuesta de Metroscopia, de enero de 2013, el 95% de los encuestados creía que el sistema favorecía la impunidad de los corruptos en España14. Otro estudio15 posterior refuerza esta idea al considerar una amplia mayoría que no habrá sanción para los corruptos en los dos casos más mediáticos de los últimos tiempos (Caso Gurtel y Caso Urdangarín: 78 % and 77% de los encuestados, respectivamente, creían en marzo 2013 que no habrá condenas). En suma, bastantes casos de corrupción política, muchos de ellos altamente mediatizados, generan una percepción alta de corrupción que, unidas a la lentitud de los procesos, provocan una sensación de impunidad, reforzando la desconfianza institucional, máxime en momentos de profunda crisis económica, como luego veremos.

  • 16 Anna Palau y Ferran Davesa, “El impacto de la cobertura mediática de la corrupción en la opinión pú (...)
  • 17 Manuel Villoria y Fernando Jiménez (op. cit.). Paul Heywood (ed.), Political Corruption, Oxford, Bl (...)
  • 18 Op. cit.
  • 19 Patria De Lancer y Manuel Villoria, “Eludiendo los dañinos efectos de la corrupción: hacia una comp (...)

22A mediados de 2006, los casos de corrupción comenzaron a ocupar un lugar destacado en las cabeceras de los más importantes periódicos, y en 2009 fueron ya un tema constante de conversación hasta en los programas televisivos más sensacionalistas. Más aún, entre septiembre de 2008 y julio de 2010, casi el 50% de las noticias en la prensa escrita nacional y regional se centraban en corrupción, crisis económica y tensiones partidistas. De acuerdo con Palau y Davesa16, entre 1996 y 2009, considerando tan solo los dos periódicos más importantes de España –El País and El Mundo-, han existido 4.126 noticias sobre corrupción política en las páginas de cabecera. Por ello, un factor diferenciador de percepciones se refiere al impacto de los medios 17. En suma, que el foco mediático hace que se incremente la percepción de corrupción sobre todo hacia este grupo de actores políticos, que son los que generan noticias. Palau y Davesa18 han hallado una correlación positiva muy fuerte (762) entre la atención que los dos periódicos más importantes del país han puesto en la corrupción desde 1988 a 2009 y la opinión de que la corrupción política es un problema importante en España. Por ello, cuanto más leen el periódico las personas, mayor es su percepción de corrupción en el nivel político19.

  • 20 Juan Díez Nicolás, “Actitudes hacia la corrupción” in Armando Fernández Steinko, Delincuencia, fina (...)
  • 21 Mariano Torcal, Pedro Magalhaes, “Cultura política en el sur de Europa: un estudio comparado en bus (...)
  • 22 Fernando Jiménez y Manuel Villoria, “Political Finance, Urban Development and Political Corruption (...)
  • 23 Andrew Wroe, Nicholas Allen y Sarah Birch, “The role of political trust in conditioning perceptions (...)
  • 24 Donatella Della Porta, Alberto Vanucci, “The ‘Perverse Effects’ of Political Corruption”, in Paul H (...)

23En la percepción también influyen factores culturales. La percepción de corrupción ha sido alta en España durante las últimas décadas. Desde el año 1994 (primeros datos existentes), la mayoría de los españoles ha creído que la corrupción política había aumentado o permanecido igual durante el año precedente20. La alta percepción de corrupción tiene relación con factores históricos, de desconfianza institucional sólidamente afianzada21, que ha sido reforzada por la continua presencia de noticias de corrupción política, sobre todo a partir de fines de los 1980, con puntas en función de la llegada de nuevos escándalos22. En tanto la corrupción es un fenómeno que existe en la mirada del perceptor, un sentimiento pre-existente de desconfianza hacia los políticos seguro que afecta las respuestas sobre la inmoralidad de los mismos, predisponiendo a los ciudadanos a adscribir motivos corruptos a los actos de23. La confianza institucional, además, tiene una fuerte relación con la confianza interpersonal y ambas con la corrupción24. Por ello, existe correlación positiva entre los bajos niveles de confianza intersubjetiva y la percepción de corrupción, de forma que ese bajo nivel de confianza entre los ciudadanos, rasgo consolidado en España desde que se mide esta variable, podría afectar a la percepción de corrupción y viceversa.

  • 25 Natalia Melgar, Máximo Rossi, Tom W. Smith, “The Perception of Corruption”, International Journal O (...)

24Otros estudios han demostrado que el rendimiento económico tiene un fuerte impacto en las percepciones ciudadanas sobre el gobierno25. En concreto, los ciudadanos que creen que la economía no está funcionando bien, ya sea en general o en lo que les afecta a ellos personalmente, tienden a pensar en mayor medida que el gobierno es corrupto que aquellos que tienen una visión optimista de la economía nacional o personalmente. En el caso de España (ver gráfico 3), en repetidos análisis de los barómetros del CIS se puede comprobar que ha existido siempre una correlación entre la percepción de rendimiento económico y la consideración de la corrupción como uno de los tres problemas más importantes del país (r=0.44). Pero esta correlación se incrementa notablemente cuando el porcentaje de personas que creen que la situación económica del país es mala o muy mala supera el 50% (r=0.63). También existe una muy fuerte correlación entre las percepciones de que la economía va mal o muy mal y la percepción de los políticos como uno de los tres más importantes problemas del país (r=0.87). Por ello: aquellas personas con evaluaciones negativas de la situación económica del país y de su propia situación económica perciben a los políticos y empleados públicos como más corruptos que aquellos con visiones positivas (ver Eurobarómetro 2013). En suma, que en la percepción de corrupción se mezclan también elementos de performance gubernamental de forma sutil pero persistente.

Gráfico 3: % of personas que creen que la corrupción (Serie 1) y los políticos (Serie 2) son uno de los tres problemas más importantes del país. Y % de gente que cree que la situación económica es mala o muy mala.

Fuente: barómetros del CIS

Las causas fundamentales de corrupción han tenido o tienen que ver con defectos institucionales muy graves y áreas de riesgo muy poco protegidas

25La hipótesis que se defiende es que la corrupción en la España del momento histórico estudiado se explica, sobre todo, por la conjunción de dos variables y sus efectos de reforzamiento mutuo. La primera es el boom urbanístico, unido a los problemas con la contratación pública y la segunda los déficit institucionales existentes en la regulación urbanística y en el sistema de integridad local, sobre todo, pero también los defectos globales del sistema de rendición de cuentas en España.

  • 26 Juan Romero, Fernando Jiménez y Manuel Villoria, “(Un)sustainable territories. Causes of the specul (...)

26La burbuja inmobiliaria es el producto de tres fenómenos. En primer lugar, la extraordinaria demanda efectiva de residencias (permanentes y segundas residencias) en España y en el resto de Europa Occidental en el entorno mediterráneo. Una demanda a la que se unió la de los inmigrantes de países ajenos a la UE. Además, en segundo lugar, coincidía en el tiempo la facilidad con la que se obtenían créditos hipotecarios a bajo interés y una legislación (la Ley de suelo de 1998) que alentaba una masiva urbanización dispersa. Buena parte del exceso de liquidez global acabó siendo atraído por la alta rentabilidad de la inversión en propiedades inmobiliarias en España, Irlanda y el Reino Unido. Los bancos pudieron obtener financiación internacional en términos muy favorables. Por último, el modelo productivo español se encontraba en un final de ciclo para sus industrias más maduras, lo que convirtió a la construcción en una de las principales locomotoras de la economía y en un sector decisivo en la creación de empleo26.

27Por su parte, el modelo urbanístico español, hasta la Ley del Suelo de 2007, que incorpora cambios importantes, aunque tal vez no suficientes, tiene su origen en herencias decimonónicas y, sobre todo, en la legislación franquista. La ley del Suelo de 1956 generó un complejo y sofisticado modelo de desarrollo urbano que estimula la especulación e, indirectamente, la corrupción política. En efecto, el marco legal de la planificación urbanística, hasta la ley de 2007, se ha basado en tres pilares esenciales: 1. Todo el suelo del país es «clasificado» por los diferentes planes municipales como habilitada o no para la construcción y el desarrollo urbano; 2. La mayor parte de las ganancias económicas derivadas de la decisión pública de habilitar la construcción son adquiridas por el afortunado propietario del suelo al que se le reclasifica el terreno; ciertamente, la decisión final sobre los planes queda en manos de los gobiernos autonómicos, pero el control ha sido muy deficiente; también es cierto que desde los años 1970 en adelante se establece la obligación de pagar una parte de la plusvalía al Ayuntamiento (el 10-15%); 3. En caso de que la Administración necesite expropiar un terreno para uso público o ante la inoperancia del propietario de suelo para llevar a cabo las obras de urbanización en los plazos previstos, la ley le obliga a calcular el valor del suelo de tal manera (método residual) que hace casi imposible para el estado expropiar suelo urbanizable por su elevado coste pues se toma como base el valor que hubiera alcanzado el suelo si todas las obras de urbanización y edificación ya estuvieran concluidas. En suma, que la decisión de reclasificar un terreno de rústico a urbanizable suponía para el propietario un enriquecimiento instantáneo sin hacer nada y un enorme incentivo para retener el suelo especulativamente a la espera de la mejor oferta y sin ningún temor a ser expropiado.

28Estos rasgos de la planificación urbanística española surgen en parte a mediados del siglo xix, tras una grave crisis fiscal que llevó al Estado a dejar en manos de los propietarios el desarrollo de las ciudades, al tomar estos la responsabilidad económica de la urbanización y también lógicamente los beneficios. Este modelo generó extraordinarios incentivos a la especulación, como ya indicamos, pues los propietarios podían esperar sin construir hasta que el suelo tuviera el valor óptimo y entonces lo vendían, sin que las amenazas de expropiación por incumplir los plazos para el desarrollo fueran creíbles, dada la ausencia de fondos del Estado y el alto coste de la misma. En suma, el plan municipal se ha constituido en un elemento esencial para la redistribución de la riqueza y el poder político local y, por ello, en un espacio clave de la lucha política. A su alrededor existe todo un espacio de tensiones y negociaciones (muchas veces oscuras) entre políticos, propietarios y promotores.

  • 27 Mónica García Quesada, Fernando Jiménez y Manuel Villoria, “Building Local Integrity Systems in Sou (...)

29A todo esto se añade otro problema de naturaleza institucional que hay que tener muy en cuenta para entender la alta incidencia de la corrupción. La confluencia de un modelo de gobierno local de alcalde fuerte, un sistema local de integridad (SLI) complejo pero mal diseñado, la prevalencia de determinadas reglas e instituciones informales como el clientelismo y, por último, los incentivos perversos generados por la financiación ilegal de los partidos27. Todos estos elementos juntos habrían dado lugar a la adopción de políticas públicas miopes y cortoplacistas y a un nivel muy grave de corrupción en el ámbito local que no ha sido sólo efecto sino también causa de la burbuja inmobiliaria. En España, la disciplina urbanística está principalmente en manos de los ayuntamientos y específicamente en manos de los alcaldes directamente. Es el alcalde el que concede las licencias de obras (naturalmente, de acuerdo con los planes en vigor y con la asistencia técnica y legal de los técnicos locales, especialmente del secretario y de la oficina de urbanismo), que los promotores necesitan con anterioridad al inicio de los trabajos de urbanización o edificación. Es también el alcalde el que se ocupa de sancionar a los responsables de las construcciones y edificaciones ilegales.

  • 28 Entrevista realizada el 15 de octubre de 2011.

30De hecho, los gobiernos nacional o autonómico han tenido un escaso papel cuando un alcalde incumple sus obligaciones en este campo. Aunque la Ley de Régimen Local (LBRL, de 1985) permite que el gobierno autonómico supla a los alcaldes en estas tareas de disciplina urbanística cuando aquéllos incumplan manifiestamente estos deberes, muy rara vez se ha producido esto en la práctica. Como nos decía un viceconsejero de Ordenación del Territorio de un gobierno autonómico, «no se conoce ningún caso en España donde esto haya ocurrido»28. De esta forma, los gobiernos autonómicos se han limitado, y aún de forma bastante tardía, a utilizar el único mecanismo ordinario de control que les permitía la ley de 1985: el recurso a la jurisdicción contencioso-administrativa.

31Este sistema para garantizar la aplicación efectiva de los planes urbanísticos se ha demostrado absolutamente ineficiente. Una buena parte de los ayuntamientos y los alcaldes apenas han ejercido sus obligaciones de disciplina urbanística. Un gran número de ayuntamientos se han mostrado muy reticentes a la hora de perseguir la violación de las normas urbanísticas en sus términos municipales y, como mucho, sólo han actuado a petición de algún vecino interesado. En esta línea, la demolición de edificios ilegales ha sido casi inexistente y se ha sustituido por la aplicación de multas de cuantía reducida cuyo pago se traducía en una legalización de facto de la obra ilegal. La articulación de redes clientelares en los entornos locales ha favorecido esta forma de actuación. La frecuente contratación de personal municipal de acuerdo con criterios de lealtad partidista ha contribuido a esta aplicación deficiente y parcial de normas legales y reglamentos. El deficiente ejercicio de la disciplina urbanística demuestra una vez más que la imparcialidad en el funcionamiento de las instituciones públicas sólo puede quedar garantizada con una función pública meritocrática y protegida, pero desaparece cuando estamos ante un sistema público que contiene un cierto grado de spoil system o botín, como es el caso del empleo público local en España

  • 29 Véase Tribunal de Cuentas (2006), una moción en la que el órgano de la supervisión financiera de lo (...)

32A la relevancia del clientelismo en el funcionamiento de buena parte de nuestros gobiernos locales y a la consecuente parcialidad en su funcionamiento contribuyeron también los cambios introducidos en el papel de los funcionarios de habilitación nacional (FHN). Hasta la entrada en vigor en 1985 de la LBRL, los FHN, especialmente los secretarios y los interventores, desempeñaban un importante papel en el control interno de los municipios. Aún hoy, los informes técnicos de estos funcionarios son necesarios para un importante número de decisiones de naturaleza urbanística. Sin embargo, su relevancia como mecanismo de control se ha reducido extraordinariamente. El Tribunal de Cuentas ha lamentado esta situación en buena parte de sus informes sobre las entidades locales. De acuerdo con el Tribunal, la integración de estos funcionarios en la función pública local ha generado un fenómeno de dependencia orgánica de tal forma que los «controlados» (las autoridades municipales) son los que establecen los salarios y las condiciones laborales de los «controladores». Una situación que no parece la más recomendable si queremos garantizar la eficacia de tal supervisión29.

33Por último, la LBRL (1985) también reforzó la autonomía municipal y eliminó los controles y tutelas que el gobierno nacional había venido ejerciendo tradicionalmente sobre los ayuntamientos. Con la nueva ley, las comunidades autónomas o el gobierno central ya no pueden anular con carácter previo las decisiones de los ayuntamientos por muy sospechosas de parcialidad o ilegalidad que puedan parecer, sino que únicamente pueden recurrir a la jurisdicción contencioso-administrativa para pedir al juez que suspenda la decisión municipal. Sin embargo, la extremada lentitud de la administración de justicia ha convertido este mecanismo de control externo en un instrumento muy poco efectivo.

34En relación con la contratación pública, los datos del Eurobarómetro 374 sobre actitudes de las empresas sobre la corrupción en la UE, de 2014, son muy ilustrativos. En general, las empresas del área de la construcción son las que tienen percepciones más altas sobre corrupción en toda Europa, pero especialmente en España, donde la construcción de infraestructura y la gestión de los residuos son espacios de corrupción bien conocidos. Para el 54% de las empresas españolas la corrupción es un problema al hacer negocios (media europea 43%); también el patronazgo lo es para el 46% (media europea el 41%). Somos el país líder en Europa en la creencia por parte de nuestras empresas en la extensión de la corrupción en la contratación: 83% a nivel nacional y 90% a nivel regional y local (media europea 56 y 60% respectivamente). Las empresas españolas son las que tienen el record europeo de percepción de corrupción, junto a las griegas: el 97% (la media UE es del 75%). Las malas prácticas que en términos generales se observan por nuestras empresas son: favorecer amigos y familia al hacer negocios, el nepotismo y clientelismo en la administración, y la opaca financiación de los partidos. El 91% de nuestra empresas ven excesivos vínculos entre dinero y política (media europea 80%); el 93% cree que la corrupción y el favoritismo daña los negocios (media europea 73%); y el 78% creen que los sobornos y las conexiones son la forma más sencilla de obtener servicios públicos (media europea 69%).

35Tal vez por todo esto, las empresas españolas son las que, junto con las chipriotas, menos participan en contratación pública: el 11% de ellas en los últimos 3 años (29% en la UE). El 42%, de entre las que han participado, cree que la corrupción le ha impedido ganar concursos, frente a una media europea del 32%. Los problemas que, en relación a la contratación se han hallado son los siguientes (ver tabla 5).

Tabla 5. Principales problemas de la contratación pública según las empresas. % de empresas que consideran el ítem propuesto como un problema.

Problemas

Contratos

teledirigidos

Conflictos de interés

Arreglos previos/

colusión

Criterios de selección poco claros

Diseño realizado por el contratista

Abuso de procesos negocia-

dos

Modificados

Abuso de emergencia

UE

57

54

52

51

46

47

44

46

España

80

79

71

72

56

72

69

64

Fuente: Eurobarómetro 374

36En suma, que existen áreas de riesgo evidentes y que los diseños institucionales para evitar la corrupción son muy deficientes como hemos mostrado en estudios previos. Para empezar, España sigue sin tener una estrategia anti-corrupción holística e integrada, no existen evaluaciones de los programas que se han puesto en marcha en la materia, no se dan vías de participación social para luchar contra esta lacra y, lo peor de todo, no existen instituciones suficientemente independientes para combatir con imparcialidad el problema. De hecho, en el último Eurobarómetro sobre corrupción de 2013, apenas el 27% de los españoles creían que se luchara imparcialmente contra la corrupción.

37En materia de contratación es evidente que se necesita más transparencia, pero con datos reutilizables e interoperabilidad, que permitan controles efectivos por parte de la sociedad civil. Será necesario reforzar la contratación electrónica y crear autoridades independientes de supervisión permanente y diaria sobre el sistema (aparte del Tribunal de Cuentas, que actúa con excesiva lentitud), autoridades que creen un modelo de «banderas rojas» que permitan detectar situaciones de riesgo evidente, así como indicadores de costes homogéneos que permitan controlar desviaciones. Los listados de compañías corruptas y su interoperabilidad son esenciales, es preciso prohibir a los corruptos contratar con las Administraciones. Finalmente, promover pactos de integridad entre empresas y administraciones y reforzar el control de la fase post-adjudicación serían medidas también bastante útiles.

  • 30 http://www.transparency.org/
  • 31 Raymond Cox, “Accountability and Responsibility in Organizations: The Ethics of Discretion”. Confer (...)
  • 32 Ver Ley Orgánica 3/2015, de 30 de marzo, de control de la actividad económico- financiera de los (...)

38Como se ve en las encuestas, los ciudadanos perciben que los actores administrativos y judiciales son menos corruptos que los políticos, y la base de ello está en su selección meritocrática y las garantías de imparcialidad existentes, por lo que mantener e, incluso, reforzar la profesionalidad en la Administración es la clave para evitar caer en la corrupción sistémica, de ahí la necesidad de acabar con la libre designación y crear cuerpos de directivos profesionales. Pero los ciudadanos perciben, al tiempo, que una gran parte de los políticos no actúan de forma honesta y consideran a los partidos políticos como la institución más corrupta de España (ver Barómetros Globales de la Corrupción de TI y sus datos repetidos sobre España)30. Esto nos lleva a recordar la idea expresada por Cox en el 200531 sobre la importancia de la cultura organizativa y conectarla a sus efectos en los partidos políticos: la corrupción es conducta aprendida. Sobrevive porque dentro de la organización se convierte en conocimiento tácito de cómo hacer las cosas y tener éxito, con ello, se justifica y se hace atractiva para sus miembros, Detener la corrupción exige no sólo atacar al individuo corrupto, sino también cambiar la cultura de los partidos políticos. La reforma de las leyes orgánicas de Partidos Políticos y Financiación de los Partidos, para cambiar sus sistemas de incentivos y reducir al mínimo las conductas no éticas, han sido importantes y profundas32, pero no olvidemos que estas reformas exigen cambios culturales que deben partir de los propios partidos. En sus manos está actuar con verdadero patriotismo y modificar hábitos y conductas.

39La despreocupación por los mecanismos preventivos y la expansión de la estrategia penal está generando graves problemas. Pero es que la estrategia penal tampoco da todos sus frutos. La lentitud, la falta de medios, la débil protección al denunciante, la difícil recuperación de activos, la inexistencia del delito de enriquecimiento ilícito aplicado a este ámbito, las prescripciones… son rémoras muy importantes para poder sacar réditos al esfuerzo de tantos fiscales y jueces dedicados a estos casos. Obviamente, los aforamientos y los indultos tampoco ayudan al éxito en la causa. Y, finalmente, por no aburrir, la falta de independencia de la Fiscalía en este ámbito y la posible presión política sobre los jueces, especialmente sobre aquellos que quieran ascender, hacen que las dificultades sean muchas veces extraordinarias. La última modificación en la composición del Consejo General del Poder Judicial no da mucho ánimo; algunos pueden pensar que, el reforzamiento del control político por parte del Gobierno sobre este órgano, tiene como objetivo controlar, a través de los ascensos y régimen disciplinario, a los jueces que actúen con plena independencia. Esperemos que no.

Conclusiones

40Cuando España comienza su difícil y amenazada transición democrática, las personas con responsabilidad para diseñar el modelo institucional que habría de regir nuestro sistema político decidieron, probablemente de forma acertada para aquel momento, que las normas deberían incentivar la gobernabilidad y desincentivar la inestabilidad. La experiencia de nuestras dos previas repúblicas había sido descorazonadora, precisamente por su inestabilidad y los conflictos que no pudieron resolver. La experiencia decimonónica de la Restauración aportaba alguna clave, aunque también abría grandes sombras de duda por la consolidación del caciquismo y su déficit democrático. En todo caso, la experiencia británica unida a ciertos rasgos del modelo alemán podían completar unos buenos marcos de referencia para esta nueva etapa de la historia española. El resultado ha sido bueno, en términos de prosperidad, convivencia y justicia. Pero ha llegado, muy posiblemente, a su punto de agotamiento. Las instituciones generadas dificultan el control y la accountability de forma excesiva, son poco incentivadoras de la representatividad y favorecen la opacidad y, con ello, el abuso de poder y la corrupción. La imagen de España se ha venido abajo internacionalmente, nuestra economía se ha desmoronado, la fábrica social se resiente pues la desconfianza, como las termitas, está demoliendo sinuosamente el sistema. Ha llegado el momento de dar un salto histórico y, basados en el aprendizaje sensato y razonable, mejorar las bases institucionales de nuestra democracia. Los datos de las encuestas de percepción de corrupción nos están dando la voz de alerta, si nuestros gobernantes siguen sin responder, probablemente estemos perdiendo la mejor oportunidad histórica de nuestro país para estar en el pelotón de los social y económicamente avanzados y dejar atrás el subdesarrollo, los conflictos y la pobreza.

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Notes

1 Ver: José Luis Díez Ripollés, Ana María Prieto del Pino y Alejandra Gómez Céspedes, Per Stangeland, Diego Vera Jurado, Prácticas ilícitas en la actividad urbanística. Un estudio de la Costa del Sol. Valencia, Tirant lo Blanc, 2004; Felipe Iglesias (ed.), Urbanismo y democracia. Alternativas para evitar la corrupción, Madrid, Fundación Alternativas, 2007; Fernando Jiménez, “El impacto de la corrupción en la democracia”, in Joaquín Estefanía (ed.), Informe sobre la democracia en España/2007, Madrid, Fundación Alternativas, 2007, p. 201-229 (se puede consultar en línea en http://www.falternativas.org/laboratorio/libros-e-informes); Fernando Jiménez, “Un balance la lucha contra la corrupción política”, in Joaquín Estefanía (ed.), Informe sobre la democracia en España/2008. Madrid, Fundación Alternativas, 2008, p. 185-238 (se puede consultar en linea en: http://www.falternativas.org/laboratorio/libros-e-informes); Fernando Jiménez, “Building Boom and Political Corruption in Spain”, South European Society and Politics, vol. 14, issue 3, 2009, p. 255-272; Fernando Jiménez, “Spain”, in Global Corruption Report 2009, Cambridge, Cambridge University Press, 2009; Víctor Lapuente, “Problemas institucionales y corrupción” in Joaquín Estefanía (ed.), Informe sobre la democracia en España, Madrid, Fundación Alternativas, 2009; Alejandro Nieto, Corrupción en la España Democrática, Barcelona, Ariel, 1997; José Manuel Urquiza, Corrupción municipal. Por qué se produce y cómo evitarla, Córdoba, Almuzara, 2006; Manuel Villoria, La corrupción política, Madrid, Síntesis, 2006; Manuel Villoria, M., “Spain”, in Informe Global de la Corrupción 2007. Corrupción en sistemas judiciales, Buenos Aires, Ediciones del Puerto, 2007; Manuel Villoria, “Las nuevas medidas al servicio de la transparencia, la participación y el control en el gobierno local en la ley del suelo”, Ciudad y Territorio, Madrid, nº 152-153, 2007, p. 493-516; Manuel Villoria, “Corrupción: la amarga verdad”, in Joaquín Estefanía (coord.), Informe sobre la democracia en España 2010. Contra la desafección, Madrid, Fundación Alternativas, 2010, p. 81-105.

2 Staffan Andersson y Paul M. Heywood, “The Politics of Perception: Use and Abuse of Transparency International’s Approach to Measuring Corruption”, Political Studies, vol. 57, 2009, p. 746–767; Charles Sampford et al. (ed.), Measuring corruption, Aldershot, Ashgate, 2006.

3 Andrés Solimano, “La corrupción: motivaciones individuales, fallas del Estado y desarrollo” in Andrés Solimano, Vito Tanzi y Felipe del Solar, Las Termitas del Estado, Fondo de Cultura Económica-CIGLOB, Chile, 2008.

4 UNDP (United Nations Development Program) and Global Integrity (2008): A User’s Guide to Measuring Corruption. Oslo, UNDP Oslo Governance Center. Disponible en línea en www.lulu.com/content/2523351.

5 La libre designación permite al ministro o al alcalde (dependiendo del ámbito territorial) nombrar libremente para un puesto a un funcionario que reúna ya requisitos definidos en la norma, y también cesarlo libremente. Una vez cesado hay que recolocarlo en un puesto vacante de su categoría.

6 Eurobarometer (2013) Special Eurobarometer 397, “Corruption”. European Union. Brussels.

Eurobarometer (2014) Special Eurobarometer 374, Businesses’ attitudes towards corruption in the EU, Unión Europea. Bruselas.

7 Dictar una resolución a sabiendas de que es ilegal.

8 Elena Costas-Perez, Albert Sole-Olle, Pilar Sorribas-Navarro, “Corruption Scandals, Press Reporting, And Accountability. Evidence From Spanish Mayors”, Working Paper. Institut d’Economia de Barcelona, 2011: http://www.ieb.ub.edu/aplicacio/fitxers/2011/4/Doc2011-9.pdf; Braulio Gómez, Laura Cabeza, , Irene Palacios, “Las elecciones autonómicas de 2008 en Andalucía: los costes de la corrupción urbanística” in José Ramón Montero e Ignacio Lago (ed.), Elecciones generales 2008, Madrid, CIS, 2011, p. 409-438; Jordi Muñoz, Eva Anduiza y Aina Gallego, “Why do voters forgive corrupt politicians? Cynicism, noise and implicit exchange”, conferencia presentada en IPSA conference, Madrid, julio de 2012.

9 ASP/JDS, 1987, XI.

10 Luis Jerez Darias, Víctor Martín Martín y Ramón Pérez González, “Aproximación a una geografía de la corrupción urbanística en España”, Ería. Revista cuatrimestral de geografía, Oviedo, 2012 http://www.unioviedo.es/reunido/index.php/RCG/article/view/9654

11 Richard Rose, Caryn Peiffer, “Paying bribes to get public services: A Global Guide to Concepts and Survey Measures”, Studies in Public Policy, n° 494. Glasgow, Centre for the Study of Public Policy. University of Strathclyde, 2012.

12 De acuerdo al Eurobarómetro 2013, a nivel nacional, el país en el que los encuestados perciben que ha habido un mayor incremento de la corrupción es España (77%), con un 63% de los que respondieron afirmando que había aumentado mucho. A continuación Eslovenia (76% y 50%), Italia (74% y 45%), Portugal (72% y 39%) y Rumanía (65% y 55%).

13 Manuel Villoria y Fernando Jiménez (op. cit.); Alberto Vanucci, “The Controversial Legacy of ‘Mani Pulite’: A Critical Analysis of Italian Corruption and Anti-Corruption Policies”, Bulletin of Italian Politics, Glasgow, vol. 1, n° 2, 2009, p. 233-264.

14 Metroscopia survey shows 95-percent mistrust in courts’ grip on corruption. Disponible en El País in English, http://elpais.com/elpais/2013/01/14/inenglish/1358166491_974110.html

15 Metroscopia 3/3/2013. http://elpais.com/elpais/2013

16 Anna Palau y Ferran Davesa, “El impacto de la cobertura mediática de la corrupción en la opinión pública española”, Revista Española de Investigaciones Sociológicas, Madrid, n°144, octubre-diciembre, 2013, p. 97-126.

17 Manuel Villoria y Fernando Jiménez (op. cit.). Paul Heywood (ed.), Political Corruption, Oxford, Blackwell, 1997; Van de Walle, S., “Perceptions of corruption as distrust? Cause and effect in attitudes towards government”, in L. W. Huberts, Carole Jurkiewicz y Jeroen Maesschalck (ed.). Ethics and Integrity and the Politics of Governance, Cheltenham, Edward Elgar, 2008, p. 215-236.

18 Op. cit.

19 Patria De Lancer y Manuel Villoria, “Eludiendo los dañinos efectos de la corrupción: hacia una comprensión de los determinantes de la percepción de la corrupción en España”, Proceedings of the XI Congreso Español de Ciencia Política, Sevilla, 18-20 Septiembre de 2013.

20 Juan Díez Nicolás, “Actitudes hacia la corrupción” in Armando Fernández Steinko, Delincuencia, finanzas y globalización, Madrid, CIS, 2013.

21 Mariano Torcal, Pedro Magalhaes, “Cultura política en el sur de Europa: un estudio comparado en busca de su excepcionalismo,” in Torcal, M. (ed.) La ciudadanía europea en el siglo XXI, Madrid, CIS, 2010, p. 45-84.

22 Fernando Jiménez y Manuel Villoria, “Political Finance, Urban Development and Political Corruption in Spain”, in Jonathan Mendilow (ed.), Public Funding of Political Competition and the Future of Democracy, Lexington Books, 2012; Donatella Della Porta, “Social capital, beliefs in government and political corruption”, in Susan Pharr y Robert Putnam, Disaffected Democracies. What’s Troubling the Trilateral Countries?, Princeton, Princeton University Press, 2000, p. 202-230.

23 Andrew Wroe, Nicholas Allen y Sarah Birch, “The role of political trust in conditioning perceptions of corruption”, European Political Science Review, n°5, 2013, p. 175-195.

24 Donatella Della Porta, Alberto Vanucci, “The ‘Perverse Effects’ of Political Corruption”, in Paul Heywood (ed.), Political Corruption, op. cit., p. 100-122; Bo Rothstein y Dietlind Stolle, “Social Capital, Impartiality, and the Welfare State: An Institutional Approach”, in Marc Hooghe, Dietlind Stolle (ed.), Generating Social Capital: The Role of Voluntary Associations, Institutions and Government Policy, New York, Palgrave/Macmillan, 2003, p. 191-209; Bo Rothstein y Daniel Eek, “Political Corruption and Social Trust: An Experimental Approach”, Rationality and Society, 2009, p. 21-81.

25 Natalia Melgar, Máximo Rossi, Tom W. Smith, “The Perception of Corruption”, International Journal Of Public Opinion Research, 22 (1), 2010, p. 120-131. doi:10.1093/ijpor/edp058; Stephen Morris y Joseph L. Klesner, “Corruption and trust: Theoretical considerations and evidence from Mexico”, Comparative Political Studies, 43(10), 2010, p. 1258-1285.

26 Juan Romero, Fernando Jiménez y Manuel Villoria, “(Un)sustainable territories. Causes of the speculative bubble in Spain (1996−2010) and its territorial, environmental and socio−political consequences”, Environment and Planning C. Government & Policy, (en prensa).

27 Mónica García Quesada, Fernando Jiménez y Manuel Villoria, “Building Local Integrity Systems in Southern Europe: The case of local corruption in Spain”, International Review of Administrative Sciences, University of Exeter, vol. 79, 4, diciembre 2013, p. 618–637.

28 Entrevista realizada el 15 de octubre de 2011.

29 Véase Tribunal de Cuentas (2006), una moción en la que el órgano de la supervisión financiera de los entes públicos analizaba en profundidad los principales problemas de organización que explicaban la creciente dificultad para que los FHN llevaran a cabo las labores de control que tienen encomendadas.

30 http://www.transparency.org/

31 Raymond Cox, “Accountability and Responsibility in Organizations: The Ethics of Discretion”. Conferencia presentada en el “Ethics and Integrity in Governance Conference”, Louvain (Bélgica), junio 2-5, 2005.

32 Ver Ley Orgánica 3/2015, de 30 de marzo, de control de la actividad económico- financiera de los Partidos Políticos, por la que se modifican la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los Partidos Políticos, la Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Políticos y la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas.

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Pour citer cet article

Référence électronique

Manuel Villoria, « La corrupción en España: rasgos y causas esenciales », Cahiers de civilisation espagnole contemporaine [En ligne], 15 | 2015, mis en ligne le 16 janvier 2016, consulté le 23 juillet 2016. URL : http://ccec.revues.org/5949 ; DOI : 10.4000/ccec.5949

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Auteur

Manuel Villoria

Universidad Rey Juan Carlos

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Droits d’auteur

© CCEC ; auteurs

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