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Comptes rendus

Abogados contra el franquismo. Memoria de un compromiso político, 1939-1977

Gérard Brey
Référence(s) :

Cabrero Blanco, Claudia ; Díaz Martínez, Irene ; Gómez Alén, José y Vega García, Rubén, Abogados contra el franquismo. Memoria de un compromiso político, 1939-1977, prólogo de Josep Fontana, Barcelona, Crítica, 2013, 385 p.

Texte intégral

1Fallecido el dictador desde hacía catorce meses pero aún con esperanzas de supervivencia la hidra franquista, tres criminales de ultraderecha penetraron sobre las diez y media de la noche del 24 de enero de 1977 en el despacho de abogados ligado al sindicato Comisiones Obreras y al Partido Comunista de España, donde los abogados laborales de varios bufetes madrileños iban a celebrar una reunión. Al parecer, los pistoleros iban en busca de Joaquín Navarro, militante comunista y secretario general del Sindicato de Transportes madrileño de CC.OO., protagonista de unas recientes huelgas del sector. La ausencia de éste no evitó que fueran asesinadas cinco personas y heridas de gravedad otras cuatro. Amén del estudiante de Derecho Serafín Holgado y el administrativo Ángel Rodríguez Leal, figuraban entre los asesinados tres abogados (Enrique Valdevira Ibáñez, Luis Javier Benavides Orgaz y Francisco Javier Sauquillo Pérez del Arco. Como también eran abogados los cuatro heridos (Miguel Sarabia Gil, Alejandro Ruiz-Huerta Carbonell, Luis Ramos Pardo y Dolores González Ruiz, esposa de Sauquillo).

2Aquel episodio –de sobra conocido aunque la labor policial y judicial no se ha preocupado por descubrir y revelar quién armó la mano de los tres criminales– constituye el décimo y penúltimo capítulo de un libro dedicado a la historia de quienes, entre el final de la guerra y los inicios de la nueva democracia, pugnaron por defender los derechos humanos en tiempos de una dictadura que durante cuarenta años los pisoteó sin contemplaciones. Y que asistieron a quienes, especialmente militantes sindicales y políticos, luchaban contra la explotación laboral y la opresión institucional. Un libro que reconstituye el combate de una generación de abogados y abogadas que – como escribe Josep Fontana en su prólogo – “a la vez que asumían las labores de defensa en los tribunales, protagonizaron una acción democratizadora dentro de los colegios profesionales.”

3Su actividad había comenzado antes de la reaparición clandestina de estructuras sindicales y políticas independientes. Este volumen recuerda primero el “arsenal jurídico e institucional” (creado durante la guerra y completado después) destinado a reprimir a los opositores al régimen y a entorpecer la labor de los abogados que intentaban intervenir en su defensa. Ya en los años inmediatamente posteriores a la Guerra civil, los presos que disponían de una formación jurídica trataron en algunas cárceles, penales y campos de concentración de organizar unas “Comisiones jurídicas” para ofrecer algún tipo de asistencia a sus compañeros y compañeras de infortunio y preparar con ellos y ellas la defensa o el recurso que ellos mismos formularían ante el tribunal militar …caso de que se les dejara hablar. Se recuerda la labor de Matilde Landa y sus asociadas que en 1939 “impulsaron una ‘oficina de penadas’ para tramitar los recursos de las condenadas a muerte”; y la de los juristas comunistas encarcelados (como Luis Castillo Almena, Gregorio Ortiz Ricol o Ambrosio Valcárcel) que ayudaban a los recluidos a preparar su defensa, tarea que no solían efectuar los letrados militares quienes carecían a veces de la más mínima formación jurídica. Este tipo de práctica asistencial se prolongó hasta los años cincuenta. Posteriormente, los abogados pudieron asistir a los inculpados siempre y cuando el consejo de guerra era “ordinario”; si era “sumarísimo” resultaba imposible pues tenía que ser tramitado en sólo tres días; además el abogado no podía intervenir en el largo y arbitrario plazo que mediaba entre la detención de la persona “por supuestos actos delictivos” y su comparución ante el tribunal, un hecho contra el cual se movilizaron colectivamente los abogados para poder asistir al supuesto delincuente desde el mismo momento de su detención. Por otro lado, la institución jurídico-militar entorpecía los contactos entre los presos y sus defensores y a veces iba hasta condenar a los mismos letrados por los argumentos que esgrimían ante el tribunal.

4La primera generación de abogados antifranquistas nace en los años veinte y primeros treinta, opta por la abogacía más por voluntad de oponerse a la dictadura que por tradición familiar y pronto se vincula con el sector comunista de la oposición, optando por la asesoraría jurídica laboral y relacionándose así con las organizaciones del renaciente movimiento obrero. Progresivamente van asesorando a los militantes sindicales que desconfiaban de los letrados del aparato sindical oficial (ons) en sus litigios contra las empresas que no respetaban sus derechos. No pocos de ellos se vieron atraídos por la militancia comunista, ejerciendo algunos una labor de formación e información de los trabajadores a través de las asesorías jurídicas laborales de la Hermandad de Obreros de Acción Católica. Otros estaban vinculados al sector psoe-ugt, primero del exterior y luego del interior.

5Como muchos se afiliaron a partidos de la oposición (sea comunista, socialista, monárquica o democristiana) estos abogados/-as desempeñaron un papel destacado en la lucha por una democratización interna de los Colegios de Abogados. A través de unas Asociaciones de Abogados Jóvenes, presionaron a sus organismos colegiales para que exigieran la devolución de competencias jurídicas a la Justicia ordinaria (en lugar de la militar y de las jurisdicciones especiales) y la instauración de un Estado de Derecho. En este combate por la justicia y la democracia, tuvo un papel activo “un grupo de letradas que, a pesar de ser minoritario, fue creciendo de forma muy significativa” a partir de 1966, año en que “se volvió a permitir el acceso gradual de las mujeres a las profesiones jurídicas”. Un capítulo del libro evoca el valeroso compromiso de aquellas letradas antifranquistas procedentes de familias liberales que habían pasado por asociaciones católicas o incluso por las “propias organizaciones juveniles universitarias del régimen o la Sección Femenina”. Ex–militante comunista y co-fundadora del despacho de la calle Atocha, hoy candidata a la alcaldía de Madrid con el respaldo de “Podemos”, Manuela Carmena recuerda cómo le nació la vocación : “Las monjas nos propusieron a la que queríamos ir a enseñar catecismo a las chabolas de, de Vallecas, ¿no? Y entonces pues creo que fue uno de los elementos de concienciación así pues como más evidentes.” Conscientes de la discriminación de género (en los anfiteatros donde estudiaron la carrera a principios de los cincuenta sólo el uno por ciento de los estudiantes eran muchachas), también “se implicaron en la lucha por la igualdad” de los círculos feministas.

6Al oponerse al régimen, no pocos abogados sufrieron también la represión franquista y pasaron alguna que otra temporada más o menos larga en las cárceles. Los primeros que sufrieron esta represión fueron los que se habían significado como juristas demócratas o izquierdistas antes de la guerra, pero fue constante la persecución, bajo forma de multas, privación de libertad, destierro, suspensión de actividad, incluso tortura en algunos casos. Los autores evocan tanto las técnicas de intimidación contra la abogacía y las principales causas contra sus miembros, como las distintas estrategias de los abogados en los juicios, por ejemplo aquella huelga “del silencio” en febrero de 1971. Pero la movilización creciente de las distintas fuerzas democráticas del país y la politización de las olas sucesivas de matriculados en Derecho aumentaron el número de quienes optaban por agregarse a los despachos laboralistas o a crear otros nuevos a lo largo y ancho del territorio. Su acción reivindicativa a favor de una amnistía y la transformación democrática del país culminó en el Congreso de la Abogacía de 1970, pero los procesos ante el Tribunal de Orden Público, cuya extinción pedían los abogados antifranquistas, continuaron. La sustitución de las jurisdicciones militares y especiales por el top no significó, ni mucho menos, el fin de la persecución contra militantes sindicales o políticos. Un capítulo del libro recuerda el papel de aquellos despachos laboralistas en la información y el asesoramiento de los trabajadores en sus demandas ante la Magistratura del Trabajo por cuestiones de salario impagado, despido injusto o irrespeto de la legalidad laboral franquista. En efecto los trabajadores se apartaron cada vez más de los asesores jurídicos del Sindicato vertical para depositar su confianza en letrados independientes y más afines ideológicamente. Tan es así que los sindicatos de clandestinos (especialmente Comisiones Obreras y Unión General de los Trabajadores) fomentaron la creación de sus propios despachos. Los partidos de los distintos sectores de la oposición también hicieron lo mismo, dedicándose a la información, formación y defensa de militantes políticos y vecinales. El libro insiste lógicamente sobre la situación en Madrid y Barcelona, donde los abogados eran no solamente numerosos, sino muy activos por razones sociológicas y políticas obvias; no por eso silencian los autores la acción de los abogados de otras zonas del país.

7Un párrafo resume una de las principales conclusiones de los cuatro autores: “aquellos letrados, que pertenecían a varias generaciones, que procedían de ámbitos más o menos alejados del derecho, que se adscribieron y comprometieron con los diferentes partidos y las organizaciones sociales del antifranquismo, fueron capaces, en el ejercicio de su profesión, de desarrollar rasgos comunes a todos ellos y solventar las diferencias que generaba su militancia bajo siglas distintas. […] porque por encima de las diferentes posiciones políticas que surgían cuando preparaban las candidaturas unitarias en los Colegios o cuando se organizaba las distribución de defendidos en determinados procesos del top, eran capaces de mantener lo esencial, el código de valores que guiaba sus dedicación al Derecho penal o laboral, […]” (pp. 211-212).

8La restauración democrática y la competencia electoral modificó esta situación. Aquellos hombres y mujeres seguían compartiendo los mismos valores, y no había desaparecido la explotación laboral. Pero el contexto institucional, político y jurídico sí había cambiado. Los partidos ya no luchaban contra un adversario común sino que competían ahora entre sí a nivel local, regional y nacional: algunos se lanzaron al ruedo electoral, mientras otros volvieron a sus despachos y continuaron defendiendo a los trabajadores víctimas de abusos en sus lugares de trabajo.

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Pour citer cet article

Référence électronique

Gérard Brey, « Abogados contra el franquismo. Memoria de un compromiso político, 1939-1977 », Cahiers de civilisation espagnole contemporaine [En ligne], 14 | 2015, mis en ligne le 12 juillet 2015, consulté le 21 août 2017. URL : http://ccec.revues.org/5809

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Auteur

Gérard Brey

Professeur émérite, Université de Besançon

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