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Histoire sociale

El crimen y los procesos de los Sucesos de Casas Viejas. Los campesinos y la insidia política

Le crime et les procès des événements de Casas Viejas ou les paysans victimes de l'omission politique
José Luis Gutiérrez Molina

Résumés

Le massacre perpétré à Casas Viejas en janvier 1933 eut à l’époque de grandes répercussions sociales et politiques. Encore aujourd’hui, c’est un sujet récurrent dans l’histoire des années trente en Espagne. Aussi bien à l’époque que par la suite, les protagonistes, les victimes, passèrent au second plan de l’histoire, étouffées par les conséquences politiques de l’événement ainsi que par leur image de personnes ignorantes et dépourvues de conscience politique. Ce texte présente un parcours de cette vision à travers l’instruction judiciaire qui conduisit 26 paysans devant un conseil de guerre en juin 1934, et en particulier à travers les plaidoiries des avocats de la défense qui, malgré quelques réserves, ont continué à reléguer au second plan les anarchistes de Casas Viejas.

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Texte intégral

  • 1 Juan Martínez Alier, «Crítica de la interpretación del anarquismo como ‘Rebeldía Primitiva’», Cuade (...)
  • 2 Jacques Maurice, «Eric J. Hobsbawn, Les primitifs de la révolte dans l’Europe moderne», Bulletin Hi (...)
  • 3 Jerome R. Mintz, Los anarquistas de Casas Viejas, Cádiz, Diputación, 1994.

1Los historiadores andaluces tenemos una gran deuda con Jacques Maurice: es prácticamente el único que ha sido capaz de ofrecer una visión general del anarquismo en nuestra tierra. Su libro El anarquismo andaluz. Campesinos y sindicalistas 1868-1936 (Barcelona, Crítica, 1990) sigue siendo una referencia indispensable para quien quiera conocer uno de los elementos determinantes de los últimos 150 años de historia de Andalucía y del Estado español. Antes, junto a Gerard Brey, publicó Historia y leyenda de Casas Viejas (Madrid, Zero, 1976). Los estudios sobre el anarquismo español están trufados de los planteamientos de Eric Hobsbawm. Para quienes no nos cuadra la identificación milenarista del anarquismo andaluz, una de las pocas referencias que ponían en su justo lugar los planteamientos del británico era la de Juan Martínez Alier1. Un texto entonces inaccesible para muchos. Como también lo era la reseña que Jacques Maurice había escrito, ya en 1967, en el Bulletin Hispanique2. Leída hoy se advierte la profundidad de su visión en unas fechas en las que el anarquismo andaluz era un gran desconocido. Lo reconocía como uno de los elementos que han «façonné, dans un certaine mesure, la réalité espagnole contemporaine». Ni entonces ni hoy a algunos les es fácil reconocer este hecho. Su interés por Casas Viejas no extraña en un investigador preocupado por el anarquismo español hasta el punto de realizar su tesis sobre el andaluz y de publicar uno de los trabajos pioneros, junto al del antropólogo norteamericano Jerome R. Mintz3, sobre los Sucesos. Una preocupación que formaba parte de otra más amplia: la de profundizar en el mundo ácrata. Seguir ese camino pretende este texto.

El síndrome Casas Viejas4

  • 4 Utilizo la segunda acepción que recoge el diccionario de la Real Academia Española: «conjunto de fe (...)

2El nombre de Casas Viejas ha quedado marcado a fuego en la piel del republicanismo español. La matanza se convirtió en la gota que desbordó el agua de la desilusión social. No sólo la de aquellos que llevaban meses mostrando su desconfianza en el reformismo del nuevo régimen, sino también en el conjunto de la sociedad española. Casas Viejas no era la primera matanza contemporánea, ni siquiera del gobierno republicano. Pero en ella confluyeron una serie de circunstancias que la elevaron, primero, a la categoría de «asunto público» y, después, a la «mito» del siglo xx español. Un asunto ante el que se toman posiciones decididas, a favor o en contra de una u otra visión. Los hay que defienden, hasta el punto de considerar a Manuel Azaña casi tonto, la versión gubernamental dando por verdades de fe sus declaraciones públicas, discursos parlamentarios o declaraciones judiciales. Como quienes consideran, igualmente falsas desde el principio, todas aquellas otras que las contradigan.

  • 5 Sobre Casas Viejas es indispensable la consulta del blog de Salustiano Gutiérrez: http://historiaca (...)

3La insurrección, prevista desde diciembre de 1932, no contaba con la unanimidad de quienes teóricamente iban a participar, ni lo fue el desarrollo de los acontecimientos cuando se puso en marcha el 8 de enero de 1933. Tampoco fue similar la percepción de las consecuencias. Se puede señalar lo ocurrido con el propio vecindario de Casas Viejas5. Un ejemplo: lo ocurrido con Juan Sopas. Juan Rodríguez Guillén, socialista antes de integrarse en el sindicato cenetista en el que ocupaba un importante papel. Hombre de prestigio, que evitara su detención, encarcelamiento y proceso en 1933, se convirtió en una pesada cadena de la que colgaron acusaciones de sicario de los señoritos y otras oscuridades. Hasta el punto de que cuando salió de la clandestinidad en la primavera de 1936 y regresó al pueblo, tuvo que abandonarlo al poco tiempo por la hostilidad que percibió.

4En la vorágine de aquellos meses quedaron en un segundo o tercer plano las víctimas, sus familias y el propio vecindario de Casas Viejas. No sólo quienes sufrieron las consecuencias directas, como los asesinados, detenidos y procesados, sino también sus familias y el pueblo en general. Primó la utilización política y el camino judicial. El «estigma» de Casas Viejas pervivió durante muchos años y no estoy seguro de que todavía no siga presente.

Los procesos

5Los Sucesos han sido examinados desde las más diversas perspectivas. Se ha establecido detalladamente la secuencia de los hechos y las consecuencias políticas. Con menos detalle, también se han analizado las causas profundas que terminaron convirtiéndolos en un referente historiográfico y social y en un hecho todavía presente en la vida actual de Benalup-Casas Viejas. Uno de los enfoques es el de los procedimientos abiertos que terminaron sentenciándose. Se abrieron varios civiles y el militar. Finalmente sólo se substanciaron la Causa 12/36 que llevó ante un consejo de guerra a 26 campesinos de Casas Viejas, acusados de agresión a fuerza pública, y la 15/33 del Juzgado de Medina Sidonia por la que compareció el capitán Manuel Rojas como autor de diversos asesinatos. Cuando se celebraron, ocuparon importantes espacios en la prensa y fueron seguidos por una multitud expectante. Después, cayeron en el olvido. Además no se pudieron investigar con el cierre de los archivos y la propia desaparición del sumario del proceso contra el capitán Rojas.

Los de Manuel Rojas Feigenspan

  • 6 Detalladas crónicas recogidas de forma taquigráfica aparecieron en la prensa gaditana, Diario de Cá (...)

6Fue en el que menos importaron las víctimas. Hasta mediada la década de los sesenta, no apareció el libro de Manuel García Ceballos, secretario judicial de la Audiencia Provincial gaditana, con un anti-republicano prólogo de José María Pemán, de lo que decía eran las actas de la vista del juicio contra Rojas. Aunque parecen más bien ser las crónicas taquigráficas publicadas por la prensa local. Después hay que esperar hasta años recientes para que aparecieran artículos en la prensa gaditana sobre las vistas de los procesos y se les dedicaran dos trabajos específicos. Primero el publicado por Joaquín Gil Honduvilla y José Luis Gutiérrez Molina que analiza los procesos contra los campesinos y Rojas. Después, el del periodista local Tano Ramos que tuvo acceso a una copia de la instrucción del sumario contra el capitán6.

  • 7 José Luis Gutiérrez Molina, «Cinco días de enero» in G. Brey y J. L. Gutiérrez Molina (coord.), Los (...)

7Los procesos no se instruyeron, desarrollaron y sentenciaron en ninguna campana de cristal. Estuvieron mechados por la actitud de las autoridades de turno, las informaciones que llegaban a la opinión pública y las líneas de defensa de los acusados. Era lo lógico en unos hechos que pronto tuvieron una importante repercusión. Pienso que detrás de su «éxito» público está el hecho de que puso de manifiesto, de forma descarnada, la cuestión del poder7. Tanto de su ejercicio como de la lucha por ocuparlo. En el asunto Casas Viejas primó para la coalición republicano-socialista continuar en el gobierno. Para la oposición, sobre todo la del Partido Radical de Alejandro Lerroux, desplazar a quienes, pensaban, habían usurpado el gobierno de forma injusta. Los intereses particulares de los Azaña, Casares Quiroga, Marcelino Domingo, Largo Caballero, Alejandro Lerroux y toda la extrema derecha nacional primaron sobre la depuración de las responsabilidades y el esclarecimiento de los hechos.

  • 8 Para el papel de la «razón de Estado» el artículo citado en la nota anterior. El término «insidia» (...)
  • 9 Fue la Comisión Parlamentaria oficial la que, en su dictamen de 15 de marzo de 1933, dio carta de n (...)

8Así que la «razón de Estado» y la «crónica de la insidia» fueron, y siguen siendo en gran medida, los protagonistas de lo ocurrido en Casas Viejas8. La verdad judicial no escapó a esta situación. Quizás el hecho más llamativo sea que al capitán Rojas le hicieron responsable de las muertes de Rafael Mateos Vela y Francisco García Franco cuando tuvieron lugar, la del primero, antes de que llegara a la población y, la del segundo, al intentar escapar de la choza incendiada. Si en el caso de Mateos Vela puede atribuirse a una mala instrucción y a la confusión que rodearon los hechos, que se le atribuyera la responsabilidad, de la segunda sólo es comprensible desde el papel secundario que tenían las víctimas. Las autoridades se preocuparon en separar a los muertos del incendio del casarón de Seisdedos y los fusilados en la corraleta unas horas más tarde. Los primeros lo habían sido como consecuencia, triste pero justificada, de la represión de una insurrección y su negativa a rendirse. Los segundos habían muerto por una decisión personal de Rojas y sólo a él cabía responsabilizarle9.

  • 10 El de Juan Botella Asensi, diputado del Partido Republicano Radical Socialista por Alicante.
  • 11 Arturo Menéndez era Director General de Seguridad y se sospechó que había estado actuando durante e (...)
  • 12 «Las responsabilidades derivadas de Casas Viejas. Momentáneamente salvado el gobierno, ahora se pre (...)

9Fue la comisión parlamentaria la que dio argumento de peso a la teoría. Aunque tardó casi una semana en ponerse de acuerdo sin poder evitar un voto que se oponía a que se exculpara explícitamente al gobierno10. El dictamen fue utilizado para sobreseer las diligencias contra Menéndez11. El fiscal de la República había solicitado al Tribunal Supremo que el sumario contra Rojas pasara a su jurisdicción por encontrar indicios de cargos contra un aforado, Menéndez. No hay que hilar mucho para encontrar la relación entre el procesamiento del alto cargo y el voto particular de Botella. Por si quedaba alguna duda, Felipe Sánchez Román, abogado de Menéndez, pidió que se levantara su procesamiento porque en el dictamen parlamentario aparecían elementos que modificaban el criterio del magistrado. Momentáneamente el juez apoyó al fiscal. Dos meses más tarde ambos estuvieron de acuerdo en liberar a Menéndez. Imputado Rojas, no creían que las órdenes las hubiera recibido de sus superiores. Ya lo había avisado un editorial del periódico La Tierra tras la tercera moción de confianza ganada por el gobierno: salvado el gabinete, se trataba de salvar a Menéndez12.

  • 13 No estaban todos los supervivientes de la familia Seisdedos como afirmaba el diario. Faltan el matr (...)

10En la misma página, la primera, el diario insertaba una fotografía en la que, decía, aparecían todos los descendientes supervivientes de Seisdedos13, «la familia del mártir». La había enviado Antonio Carrero, en nombre de la Comisión Pro-Víctimas de Casas Viejas de Cádiz, junto a un texto en el que los ponía como ejemplos de la España futura que «no lloran, imploran, ni suplican» sino que eran símbolos de todas las rebeldías tras las que marchaban los hombres dignos. Lo contrario que los diputados que habían votado la falta de responsabilidad gubernamental en los asesinatos. Unas personas sin conciencia que lo habían hecho bien para ocultar su responsabilidad y burlar la justicia, bien para utilizar el crimen como plataforma electorera. Era una forma de poner a las víctimas en primera línea de una opinión pública que ya las había pasado a la trastienda hasta el punto de que tenían dificultades hasta para personarse como acusación particular en el sumario contra Rojas.

11La politización de los procesos fue una constante. Cuando un suceso traspasa el ámbito particular para convertirse en un asunto colectivo se suele rebajar la presencia de los directamente implicados. Como señalaba Carrero, si el asunto entraba en el campo de batalla político, en el sentido de lucha partidaria por la ocupación del poder, la desaparición del paisaje de las víctimas y sus familias era aún más probable. Ya hemos citado como la propia sentencia condenatoria de Rojas no se había preocupado mucho por distinguir quienes habían sido las víctimas atribuibles al capitán. Tampoco, para quienes participaban de este combate, de uno y otro lado, interesaban los muertos y vecinos de la población. En el mejor de los casos habían protagonizado una revuelta anarquista que el Estado no podía dejar de reprimir. Era lo que llevaba a la invisibilidad a los que murieron en la choza incendiada. Hasta tal punto que parte de sus restos calcinados no fueron enterrados. Cuando el juez Antero Rodríguez Martín realizó una inspección ocular el 21 de enero todavía aparecieron algunos. Tampoco, en debate la responsabilidad de los asesinatos de la mañana del jueves 12, menor importancia tenía la personalidad e, incluso, las razones que habían llevado a la muerte a aquellos doce vecinos.

  • 14 Se pueden consultar S. Gutiérrez, Itinerarios por Casas Viejas, Cádiz, Edición Autor, 2009, y la en (...)

12Una situación que ha perdurado. Hasta hace poco se ha mantenido que los vecinos fusilados lo fueron prácticamente al azar. Hoy sabemos, gracias a los trabajos de Salustiano Gutiérrez y José González14 que las detenciones se realizaron en la parte alta del pueblo, en las calles Nueva y Medina, hoy Independencia donde vivían la mayoría de los cenetistas. De los muertos un 72 % vivían en la calle Nueva. No fueron seleccionados al azar. Guiadas por guardias civiles conocedores del pueblo, las patrullas se dirigieron a las casas de quienes sospechaban, o sabían a ciencia cierta, que habían participado en la organización de la rebelión y el asedio al cuartel de la Guardia Civil. Cuando no los encontraron, se llevaron a algunos de sus familiares.

  • 15 Salvador Sediles Moreno, diputado por Barcelona, formó parte de la primera comisión parlamentaria, (...)

13En 1933, muchos consideraron que las familias de las víctimas quedaban compensadas con las pensiones que el Congreso de los Diputados aprobó a petición del diputado federal Salvador Sediles15. En agosto, por unanimidad, el pleno del Congreso decidió conceder una pensión anual de 3.000 pesetas a cada familia de los fusilados. Fuera quedó la muerte del anciano Salvador Barberán Castellet. En el hemiciclo se dijo que había sido un olvido y en la misma sesión se acordó su inclusión. Pero algo más había. En marzo de 1936, tras el triunfo del Frente popular, Antonio Barberán, el hermano del asesinado, también de avanzada edad, recordó al Congreso que estaba pendiente de la aprobación de la pensión. Hacía ocho meses que se había vuelto a celebrar el juicio contra Rojas y su sentencia había dado por probado que Barberán había muerto por los disparos que efectuó la fuerza pública al no entregarse cuando ésta se lo ordenó. En consecuencia Rojas quedaba absuelto. Los magistrados habían hilado fino en el caso de Barberán, lo que no habían hecho en el de Mateos Vela a quien la sentencia daba como probado que había sido detenido por orden de Rojas y fusilado. Así que la familia Barberán no sólo se quedaba sin la indemnización de 15.000 pesetas acordada en la sentencia y la pensión de 3.000 del congreso, sino que debía pagar el porcentaje correspondiente de las costas del juicio.

  • 16 Según la sentencia del juicio de mayo de 1934 las muertes recibieron la calificación de asesinato a (...)

14El resultado fue que sólo dos familias de las tres presentadas como acusación particular contra Rojas resultaron favorecidas por una sentencia que, tras el recurso, consideraba las muertes como homicidios16, en vez de asesinatos, y, consecuentemente, reducía la condena del capitán a tres años que, en marzo de 1936 cumplió. Ahí quedaron las responsabilidades judiciales de la matanza de Casas Viejas en cuanto a sus ejecutores. Rojas, como había pensado el gobierno en 1933, se convirtió en el único responsable oficial. Aunque la victoria había sido pírrica. En 1933 el gabinete republicano-socialista tuvo que dimitir y la figura de Azaña quedó tocada para la posteridad tanto por la campaña derechista como por su negativa a asumir las responsabilidades políticas. En la penumbra quedaban las víctimas apenas compensadas por una decisión legislativa de una pensión y las 15.000 pesetas de responsabilidad civil, sin la sustitutoria del Estado, que las acusaciones particulares de María Toro y María Cruz habían conseguido. Desconocemos si llegaron a cobrar los 3.000 duros de la época.

El Consejo de Guerra a los campesinos

  • 17 En realidad eran 28 los procesados. A los 26 juzgados hay que añadirles los de Francisco Gutiérrez (...)
  • 18 Ambas, más las diligencias que practicó el propio capitán Ramos, conformaron la Causa 12/33. Un aná (...)
  • 19 Referencias a estas suscripciones en G. Brey y J. L. Gutiérrez Molina, Los sucesos…, op. cit., p. 2 (...)
  • 20 Fueron Miguel Pérez Cordón, José Vega Ortega, Juan Caballero Torrejón y Francisco Vega García. Estu (...)

15Menos vicisitudes tuvieron la instrucción y la vista del consejo de guerra ante el que comparecieron 26 campesinos acusados de insulto de obra con muerte de fuerza armada17. La autoridad militar entendió que, por las muertes de los dos guardias civiles, era ella la que debía entender del hecho en razón de su carácter militar. Pidió la incorporación a la instrucción abierta por el capitán Julio Ramos las primeras actuaciones realizadas por el juez Antero Rodríguez y las del teniente de la Guardia Civil, Cayetano García Castrillón18. El instructor fijó fianzas de 1.000 pesetas, el sueldo mensual de un diputado, por cada uno de los campesinos procesados. Después fijó su interés en que Antonio Cabañas recibiera un giro de 1.000 pesetas producto de una suscripción popular19. Tras ser requisado por las autoridades, terminó siendo entregado, cuatro meses más tarde, a la Comisión Pro Víctimas de Casas Viejas de Cádiz. Otras sufrieron la obstrucción gubernamental. Como la realizada en la vecina localidad de Paterna de Rivera. Los cuatro cenetistas que se desplazaron a Casas Viejas fueron detenidos antes de que pudieran entregar la suma recogida20.

  • 21 El documento, titulado «Casas Viejas. Notas e impresiones» en «Casas Viejas: Expediente, trabajos d (...)

16Unas trabas, fueran legales o por el extremado celo de los guardias, que contrastaban con el silencio gubernamental y sus negativas a asumir las responsabilidades, al menos las políticas, por lo sucedido. Podría pensarse que este trato a los campesinos se debía a su condición de protagonistas de una acción insurreccional. Sin embargo, hasta este hecho pasaba a segundo plano. Es más, existía una corriente justificativa, o al menos comprensiva, con aquellos hombres dado el estado de injusticia social y de miseria personal en el que se encontraban y que habían sido engañados por gentes sin corazón y propagandas de extremistas. Incluso se hacía referencia a su incultura: no sabían leer, ni escribir, se les conocía por su apodo y si se les preguntaba por el nombre de su padre no podían responder. Eran unos desgraciados faltos de todo bien moral y material a los que se les había buscado la ruina. Es lo que escribió el propio capitán Ramos21.

17En ellas comparaba las condiciones de vida de los habitantes de Casas Viejas con las de un aduar marroquí. Como una población cabileña fueron tomadas las «jaimas», por los casarones de las calles Nueva y Medina: internándose por el laberinto que formaban y con bajas. Algo que conocía bien por su paso por aquellas tierras entre 1919 y 1922. No los consideraba anarquistas, sólo hombres que tenían un afán infinito de vivir mejor y a los que se les prometió algo que no le podían dar, una inmediata liberación bajo el comunismo libertario, y se lo creyeron. Eran personas sencillas, ignorantes y crédulas a las que convirtieron en fieras con noticias falsas, promesas irrealizables y repartos imaginarios.

18El escrito de Ramos, desde la consideración de Casas Viejas como un aduar hasta la descripción de sus habitantes, crea la imagen de unas personas sin ningún papel consciente en lo sucedido. En todo caso el haber sido víctimas de propagandas y propagandistas insensatos y de «políticos profesionales que quieren alcanzar una posición o sostenerse en una posición que no han sabido conquistar con su trabajo, su abnegación y un poco de amor al desgraciado». Ninguna capacidad de elección tuvieron para actuar como lo hicieron. Sólo su miseria moral y material y haber perdido la esperanza de que la República pusiera término a la vida que llevaban. En definitiva los vecinos de Casas Viejas eran sujetos pasivos de lo ocurrido. Ni siquiera para considerar, y lo escribía el juez militar instructor, que tras la tragedia iba a sobrevenir otra: que, por ministerio de la Ley, deberían ir a presidio padres de familia con cuatro, cinco o más hijos. Manipulados por unos y por otros los campesinos se desvanecían y sus circunstancias personales más aún.

Después de la matanza

19Lo ocurrido no sólo tuvo como consecuencias la campaña política de la derecha y extrema derecha española contra el gobierno republicano-socialista y la de la demostración de las equivocadas tácticas de «primitivos» anarcosindicalistas. También las hubo para el anarcosindicalismo español. Sobre las políticas se ha escrito mucho desde las más diversas perspectivas. Incluso sobre el papel que tuvieron en el proceso a Rojas. Menos se ha hecho sobre el consejo de guerra contra los campesinos. Su instrucción nos ayuda a conocer cómo afrontaron su defensa y desde qué perspectiva. Algo que no puede separarse de la significación de la matanza para sus militantes y organizaciones.

  • 22 Para esta cuestión se puede consultar Graham Kelsey, Anarcosindicalismo y Estado en Aragón, 1930-19 (...)

20La cnt no había recibido en su conjunto con rechazo frontal al nuevo régimen22. Su principal preocupación fue reorganizarse y engrosar sus filas. Lo que hizo, sobre todo, de mano de la conflictividad que pronto se agudizó por las nuevas condiciones de libertad política y sindical, por los intentos por recuperar las condiciones de trabajo perdidas y del creciente paro originado por los efectos de la crisis del 29 y las medidas liberales de los nuevos gobiernos. Al afianzarse trastocó el diseño político previsto en el que los socialistas eran la pata obrera del nuevo régimen. El anarcosindicalismo, cuyos objetivos finalistas iban mucho más allá de los republicanos y socialistas, se convirtió en una molesta piedra en el camino reformista.

  • 23 Un ejemplo a escala local, es el de la huelga general en la ciudad de Cádiz, en octubre de 1931. Un (...)

21De la expectación se pasó a la confrontación. Con los republicanos por el ritmo de las inaplazables reformas que debían afrontar. Con los socialistas, que habían ocupado importantes cuotas de poder administrativo y, sobre todo, municipal, por ocupar el espacio sindical. Un proceso en el que se dejó el cargo el comité nacional cenetista, de carácter moderado, encabezado por Ángel Pestaña. A la vez, el gobierno republicano-socialista fue apretando las tuercas a la cnt. Así todo conflicto en el que participara terminó por considerarse revolucionario y buscó la paz pública mediante el orden público23. En este contexto es donde deben situarse el continuado uso de las fuerzas de orden público, la declaración de estados excepcionales y la promulgación de leyes como la de Defensa de la República y la de Vagos y Maleantes.

  • 24 Sobre la aplicación de esta legislación en la provincia de Cádiz, v. G. Brey, «La legislación socia (...)

22En el enfrentamiento, el valle del Guadalquivir andaluz tuvo un papel protagonista. Tanto por la implantación de la cnt como por ser una de las zonas privilegiadas en las que se iban a probar la voluntad y ritmo del reformismo republicano: el mundo agrario. Las autoridades eran conscientes de la necesidad de actuar rápidamente. Así que durante la primavera de 1931 el Gobierno provisional dictó una serie de decretos que protegían a colonos y arrendatarios, a jornaleros parados, creaba bolsas de trabajo municipales y obligaba a los propietarios a cultivar sus tierras24. Además, Largo Caballero, ministro de Trabajo, creó las inspecciones provinciales y extendió los organismos de conciliación creados por la Dictadura al mundo rural. Así nacieron los jurados mixtos rurales.

  • 25 Para un acercamiento a la cuestión, de carácter fundamentalmente teórico, se puede consultar Javier (...)
  • 26 El proceso insurreccional, conocido por las autoridades, ha sido estudiado por Antonio Elorza, La u (...)

23El campo andaluz se convirtió en uno de los lugares decisivos en la batalla Estado-anarcosindicalismo. Los sindicatos campesinos de la cnt abanderaron la crítica a la actuación agraria republicana25. De un lado a las medidas legislativas de Largo que, si bien su finalidad era regular las relaciones laborales en el mundo rural, también tenían como objetivo facilitar la expansión del sindicalismo ugetista. De otro, la intervención de los organismos estatales, sobre todo los jurados mixtos, que suponía una confrontación con los anarcosindicalistas defensores de la relación sin intermediarios entre patronos y trabajadores. Los partidarios de la acción inmediata para llegar a la revolución social fueron ganando terreno en la cnt. En enero de 1932, fueron capaces de declarar en el Alto Llobregat catalán una huelga insurreccional y, meses más tarde, en mayo, preparar otra en el campo sevillano. Los antecedentes del ciclo insurreccional cenetista de 1933 en el que se encuadran los sucesos de Casas Viejas. Una línea que tampoco era unánime en las federaciones y confederaciones regionales de la cnt. La huelga general ferroviaria que iba a servir de desencadenante, no se convocó y retrasó su inicio. Finalmente, saltándose los cauces establecidos, el comité catalán la lanzó el 8 de enero de 1933. La confusión fue grande y el seguimiento desigual26.

  • 27 Un relato de los acontecimientos en J. L. Gutiérrez Molina, El sindicalismo en Cádiz durante la Seg (...)
  • 28 El relato más reciente sobre esta secuencia temporal es el de J. L. Gutiérrez Molina, Los sucesos…, (...)

24En Andalucía, los preparativos se llevaron a través de la estructura orgánica de la cnt y de un Comité de Defensa encabezado por su secretario regional, el gaditano Vicente Ballester. Primero transmitió la consigna de secundar la acción iniciada en Barcelona. Unas horas después, cuando se supo que había sido una decisión tomada por su cuenta, dio marcha atrás27. El desconcierto se extendió y quedó a criterio de las federaciones comarcales seguir adelante o no. Lo primero fue lo que decidieron los delegados de los sindicatos campesinos gaditanos reunidos en Jerez. De allí salieron los emisarios que llegaron a los pueblos. A Casas Viejas la tarde del 10 de enero. El telón de la tragedia comenzaba a levantarse28.

  • 29 Respectivamente en el Pleno Nacional de Regionales celebrado en Madrid a finales de enero y comienz (...)
  • 30 Ambos hicieron públicas sus reflexiones y nueva posición en Tinoco Ballester, «Epistolario íntimo», (...)
  • 31 La legalización en 1932 del sindicato no escapó a las trabas de las autoridades republicanas (La Ti (...)
  • 32 Los socialistas de Casas Viejas también crearon su sindicato local, en marzo de 1932, con el nombre (...)

25El fracaso y la descoordinación producida fueron analizados por la cnt a escala nacional y regional29. Aparecieron las críticas tanto por la organización como por el coste. También las tuvo a nivel personal. En el caso de la cnt más cercana a Casas Viejas en dos destacados militantes que habían tenido un importante papel en lo ocurrido y seguirían teniéndolo los años siguientes: Vicente Ballester y Miguel Pérez Cordón. Ambos, rectificarían su posición y terminarían el uno abanderando la unidad obrera revolucionaria con la UGT a escala nacional y el otro abandonando la táctica insurreccional30. En la propia Casas Viejas «Los Invencibles», nombre del sindicato cenetista local, fue cerrado y no recuperaría la normalidad hasta la primavera de 193631. El espacio sindical quedaba libre para los socialistas que no pudieron aprovechar el vacío32.

  • 33 Malcocinado ha sido estudiado por Fernando Sígler, «San José de Malcocinado. Una comunidad de colon (...)

26Más que en extender la organización lo que pretendieron, bajo la inspiración de José Suárez, fue aplicar los beneficios de la ley de Reforma Agraria con la creación de una comunidad campesina en los terrenos de una finca estatal, La Yeguada o Malcocinado. De esta manera se verían de forma palpables los beneficios de la política reformista republicana-socialista. El asentamiento se puso en marcha en abril de 1934. Aunque tampoco la iniciativa se salvó de la desconfianza de los campesinos. Hasta el punto de que, para llegar al número de asentados previstos, Suárez tuvo que incluir nombres falsos33.

La defensa de los campesinos en el Consejo de Guerra

  • 34 Todas las referencias documentales en la Causa 12/33, Archivo Histórico del Tribunal Militar Territ (...)
  • 35 Sobre los nombramientos de defensores y los cambios que se produjeron J. Gil Honduvilla y J. L. Gut (...)
  • 36 Sobre la relación del abogado con la cnt se puede consultar J. L. Gutiérrez Molina, «El abogado And (...)

27Como en los procesos contra Rojas, tampoco el consejo de guerra a los campesinos quedó a salvo de las circunstancias que afectaban a los protagonistas34. Empezando por la defensa de los procesados. El 11 de junio de 1933 los 26 que finalmente iban a comparecer nombraron, en su mayoría, a Andrés López Gálvez35. Una elección en la que, con seguridad, intervino la federación gaditana de la cnt, a través de su Comité Pro-Presos, ya que era el abogado habitual de los cenetistas en Cádiz36. El 24 de mayo, el fiscal de la Auditoría de la Segunda División Orgánica remitió su escrito de calificación. Certificaba la competencia militar. También que no había podido demostrarse fehacientemente quienes habían sido los autores de las muertes. Sin embargo existían «actuaciones concretas» contra seis de ellos a los que consideraba autores. En consecuencia pidió prisión provisional para Antonio Salvador Cabaña, Salvador Jordán, Manuel Moreno, Sebastián Pavón, Manuel Rocha Acevedo y Cristóbal Toro para los que solicitaba reclusión perpetua. Para los veinte restantes pidió penas de prisión y la libertad provisional.

28A los pocos días López Gálvez presentó un escrito en el que planteaba la cuestión de competencia. La finalidad de los campesinos era subvertir la forma de gobierno sustituyendo la republicana por el comunismo libertario. Delito que incluía a los demás que pudieran haber cometido. El defensor intentaba sustraer la causa de la jurisdicción militar, más dura en las penas y menos sensible al contexto, para llevarla a la civil en donde el terreno judicial y de la opinión pública era más favorable. De momento, el 28 de agosto, les fueron leídos los cargos a los procesados y el Consejo de Guerra de Cádiz ordenó que la causa pasara a plenario, es decir a la celebración de la vista. A fines de septiembre la Auditoría en Sevilla ratificó su competencia que hasta el 16 de octubre no le fue comunicada a López Gálvez. Precisamente cuando su posición de defensor único empezó a cuestionarse. No de otra forma puede interpretarse que el instructor Ramos pidiera al Colegio de Abogados de Cádiz que le dijera si el letrado Benito Pabón estaba colegiado en su demarcación. Requisito necesario para poder asumir las defensas. La respuesta fue afirmativa. ¿Qué había sucedido? Hasta entonces, las gestiones de López Gálvez habían intentado mejorar la situación de los procesados: que la causa pasara a la jurisdicción civil y que abandonaran la prisión.

  • 37 Las cartas fueron incorporadas al procedimiento sumarísimo de urgencia que los golpistas abrieron e (...)
  • 38 No he logrado conocer exactamente el significado de «defensor togado». Tanto López Gálvez como sus (...)

29Las diferencias en el seno de la cnt se dejaban sentir. Las conocemos por las cartas que los golpistas de julio de 1936 robaron del domicilio de Antonio Carrero Armario, el que había sido secretario de la Comisión Pro-Víctimas de Casas Viejas de la capital37. En ellas, Carrero mostraba a Mariano Sánchez Roca, otro abogado relacionado con el anarcosindicalismo, que no estaban contentos con la forma en que López Gálvez llevaba la acusación de las familias contra Rojas y le pedía que le dijera qué opinión le merecía y si podía hacerse cargo de las defensas. Finalmente Sánchez Roca no intervino en los procesos, lo hicieron otros tres letrados: los sevillanos Manuel Blasco Garzón, José Monje Bernal y Benito Pabón Sáenz de Urbina. Se hicieron cargo de las defensas entre marzo y primeros de mayo. La causa formal fue el deseo de los procesados de contar con un «defensor togado» por la gravedad de sus delitos38. Mientras la vista se había ido retrasando por la petición de nuevas declaraciones que buscaban coartadas con las que los procesados evadieran la acusación de participar en el asedio y los tiroteos en el cuartel de la Guardia Civil. Sólo existían pruebas circunstanciales contra seis de ellos. Por fin, la celebración del consejo se fijó para el 26 de junio.

30Los alegatos de los defensores no se diferenciaron sustancialmente. Todos buscaron demostrar que sus defendidos no estuvieron implicados en el asalto y hurgaron en las contradicciones de la instrucción y las declaraciones de los testigos más favorables. Había procesados que lo eran sólo por su propia declaración y otros, que sí habían sido implicados por varias declaraciones, no lo estaban. Todas fueron defensivas, no reivindicativas. Buscaron la irresponsabilidad de los campesinos, su absolución, haciendo hincapié tanto en las causas últimas –sus injustas y miserables condiciones de vida– como en los fallos sumariales. Aunque, a diferencia de otras visiones, sí tenían respeto por ellos y su comprensión no sólo era pasiva sino que intentaba darles el papel que se les negaba. Aunque recurrieran a su ignorancia para evitarles años de presidio.

  • 39 Sobre ellos se pueden consultar G. Brey, «Casas Viejas en La Libertad de Madrid: noticias oficiales (...)

31Salvo la conmiseración, una más interesada que otra, de las derechas y el mundo republicano y su prensa, hasta entonces sólo había sido el mundo anarcosindicalista y el radical burgués los que habían presentado una visión más humana de los campesinos. Fueron los casos de los reportajes de Ramón J. Sender y Eduardo de Guzmán en los diarios madrileños La Libertad y La Tierra respectivamente39. Ambos, como en la prensa libertaria, especialmente El Luchador y Tierra y Libertad de Barcelona y el hacía poco aparecido cnt de Madrid, señalaron no sólo la presión que se ejercía desde la administración contra los campesinos, sino que se empeñaron en sacar a la luz los asesinatos producidos. El medio fue presentarlos como luchadores heroicos en un enfrentamiento tan desigual que hasta el propio instructor lo había reconocido en el escrito que envió a la Comisión Parlamentaria. Ahora, los alegatos de los defensores trataban no sólo de salvar la dignidad y el respeto hacia los campesinos, sino también de menguarles el sufrimiento de unas pesadas penas de cárcel.

32Un objetivo que se consiguió en parte. Los seis, sobre los que pesaba la reclusión perpetua la vieron reducida a seis años en un caso, a cinco en cuatro y a tres en el restante. Por los mismos días de marzo de 1936 en los que Rojas abandonaba la prisión militar de Alcalá de Henares, lo hicieron del penal de Ocaña los cinco últimos campesinos condenados en el consejo de guerra. De momento, ese 25 de junio de 1933, estaban sentados ante un tribunal militar.

Los alegatos de los defensores

33Primero intervino López Gálvez. Defendió a nueve procesados: Antonio Cornejo Delgado, Francisco Quijada Pino, Sebastián Rodríguez Quirós, Esteban Moreno Caro, Diego Fernández Ruiz, Sebastián Cornejo Bancalero, José Rodríguez Quirós, Antonio Cruz García y Cristóbal Toro Domínguez. Éste último con petición de 25 años de prisión. En primer lugar volvió a insistir en la cuestión de competencia y se ganó una reprimenda por hablar de las responsabilidades de las «fueras represoras» que fueron las que habían causado más daños en personas y cosas. Pero sobre todo atacó la visión de ignorantes y «fieras humanas» con las que se presentaba a sus defendidos. Siete horas estuvo el pueblo en sus manos y no hubo la menor violencia. Tampoco se habían demostrado las supuestas intenciones de saqueos y violaciones que se les había atribuido. Tan terribles como las escenas del interior del cuartel fueron las que se vivieron en el casarón de Seisdedos y quienes fueron asesinados ante «un montón de cenizas, escombros y despojos humanos».

34Reprochó que, por intereses políticos se hubiera exagerado lo ocurrido en Casas Viejas. También recordó el abandono secular que el Estado había tenido con la localidad. Su única presencia era la Guardia Civil, el pago de impuestos y tener que ir al servicio militar. Nada había ocurrido que no hubiera pasado antes. Los campesinos no tenían ninguna finalidad revolucionaria. Fue un mero «movimiento vegetativo», originado por la situación en la que se encontraban, por puro instinto de conservación. Como existía el delito de «hurto de necesidad» individual se debía pensar en cómo podía reaccionar un pueblo expoliado. ¿Qué tenía que sancionar el Estado? ¿No habían sido ya suficientemente castigados con las muertes, las viudas y los huérfanos? ¿Con cien familias destrozadas moral y económicamente? La ley debía restaurar su imperio con una sentencia que reparara el abandono al que habían estado sometidos los campesinos. Una sentencia que no podía ser otra que la absolución. Quien debía demostrar que hubo delito era el fiscal y no lo había hecho.

35El alegato de López Gálvez fue de las intervenciones más cercanas a los campesinos pero sin apartarse de la línea de negar su capacidad consciente de actuar. Lo habían hecho por la angustia física y el sufrimiento moral que producía arrastrar la pesada cadena de la miseria desde su nacimiento hasta la muerte. Negó que se hubiera producido una revolución. Había existido un movimiento general, conocido por el gobierno, cuyos focos no habían estado en la provincia gaditana y que había fracaso. En Casas Viejas se intentó reactivar y también fracasó sin que los supuestos revolucionarios llevaran a cabo los «siniestros planes de destrucción y venganza» que se les atribuía. Es más, los mayores estragos e infamias habían recaído sobre ellos. También era cierto que, en el intento de reducir a la Guardia Civil, dos guardias habían muerto. Habían sido sacrificados por un «prejuicio atávico». Pero no estaba demostrado que lo hubieran sido por sus defendidos.

36Contra Cruz García, Cornejo Delgado y Cornejo Bancalero sólo existían sus propios testimonios. Un hecho que no había sido utilizado en otros casos para llevarlos ante el tribunal. Ni siquiera cuando habían sido acusados por los guardias del puesto de la localidad. Respecto a sus otros defendidos estaban procesados por haberse enfrentado a las fuerzas en las afueras del pueblo. Un hecho que ni siquiera estaba demostrado que hubiera ocurrido. Incluso contra Cristóbal Toro lo único que se decía era que disparó al aire. Una acusación tan endeble que ni siquiera entraba a considerar. En definitiva el fiscal no probaba las acusaciones, sólo realizaba presunciones. Por tanto el tribunal debía absolverles. Así devolverían al país a gente sufrida y animosa y, además, cegarían otros tantos pozos de protesta.

37Independientemente de las diferencias que hubiera tenido con la cnt intervino en la línea con la que parecía estar la mayoría de la organización: había que limitar al máximo las consecuencias de lo ocurrido tanto para los acusados como para la organización. Incidiendo en las causas y no en la acción podían aprovecharse de la corriente de comprensión que levantaban en gran parte de la sociedad española y así condicionar al tribunal. Además les alejaba de la campaña de la derecha contra el gobierno republicano-socialista que ya estaba en la oposición. Una y otro habían machacado, en función de sus intereses propios, a los campesinos. Ahora se buscaba que tuvieran la menor condena.

38Cuando se retiró López Gálvez la cuestión estaba situada en el campo que los defensores buscaban. Así que Blasco Garzón, el siguiente en intervenir, no pudo menos que manifestar su conmoción por las palabras que acababa de oír. Defendía a cinco de los campesinos contra los que se pedían mayores penas por considerarse que existían pruebas de ser autores de la agresión armada a los guardias. Para Cabañas Salvador y Sebastián Pavón 25 años por disparar contra los guardias. Contra los otros dos hermanos Pavón Pérez y Durán Fernández, seis años por colaborar en la agresión.

39Comenzó asegurando que nunca había sentido su ánimo tan confuso como teniendo que comparecer ante el consejo para pedir la absolución de sus defendidos. Era natural porque el sumario tenía su raíz en unos sucesos que aún conmovían la órbita política del país, a cuyo alrededor se habían agitado todas las pasiones, unas confesables, otras turbias y hasta ruines. También puso en cuestión la competencia militar. La civil era la más adecuada para llevar una política criminal basada en la «terapéutica preventiva» de la que hablaba el presidente norteamericano Roosevelt.

40Después rebatió las acusaciones. Como su compañero, Blasco negó que la instrucción demostrara fehacientemente su autoría. También criticó el contenido de los artículos del Código de Justicia Militar que se aplicaban ya que confundían consumar un hecho con intentarlo. Considerando a Cabañas y a Sebastián Pavón participantes en la agresión al cuartel, el fiscal les imputaba la autoría de las muertes. No había pruebas. Se les atribuía un hecho de forma individual cuando lo único demostrado es que fue colectivo, en el que participó casi todo el pueblo. Lo había escrito el instructor. Dispararon pero no mataron, necesariamente, a los guardias. Pudieron ser otros. Los testimonios de los guardias supervivientes apuntaban a que el autor había sido Perico Sin Hueso, uno de los muertos en el asedio e incendio del casarón. La absolución de los dos era forzosa.

41A continuación hizo lo mismo con las acusaciones contra sus otros tres defendidos. El fiscal no podía acusarles de las muertes porque ya lo había hecho con los otros acusados. Entonces ¿a qué lesiones se refería? ¿A las que se decía se habían producido en las agresiones realizadas fuera del pueblo? No estaba demostrado que existieran y si así hubiera sido, como en el caso del asedio al cuartel, sólo se podría atribuir a una acción colectiva porque no se había demostrado individualmente que sus defendidos hubieran herido a nadie. Por tanto también procedía su absolución.

42Finalmente Blasco Garzón se refirió a la instrucción del sumario. Pensaba que debía realizarse en un ambiente sereno que le diera garantía de verdad. No era ese el caso. La presente tenía como columna vertebral las confesiones de los acusados ante la Guardia Civil. El cuerpo agraviado en los acontecimientos. No quería ofenderla, ni formular cargo, pero no podía dejar de pensar que pudiera haber existido «trop de zèle» por los compañeros de los muertos y «pánico y terror fundado» en los detenidos. Se hacía eco de los comentarios sobre los malos tratos que habían sufrido los campesinos. No hablaba de tormentos físicos, le bastaba con los «morales», con la angustia psíquica que labraba surco en la memoria y atenazaba la libertad del ánimo. Así no se podía condenar.

43Por lo demás siguió el guión marcado. Se refirió a la competencia jurisdiccional, habló de la falta de maldad y crueldad de los procesados, de su «alucinación» por la idea de un porvenir mejor y de la «burda teatralería» con la que se quiso encauzar la indignación originada por la inhumana represión hacia quienes eran responsables de «omisión en la publicación de la verdad y omisión en la rápida exigencia de culpa.» Pidió su absolución. Si no había delito, ni circunstancias agravantes, todos se presentaron a las autoridades voluntariamente, ¿qué quedaba por hacer? Dictar una sentencia absolutoria para esos hombres que llevaban una dolorosa tragedia encima y sobre su alma el peso de los cadáveres que se levantaban ante sus ojos. Unos, como los de los guardias civiles, que cayeron en el cumplimiento de su deber; otros, como los de los campesinos, por obra de un valor primario y su deseo de lograr sobre una tierra áspera y dura la felicidad que soñaron.

44A continuación tomó la palabra Benito Pabón que también era un habitual defensor de afiliados cenetistas. Tenía a su cargo la defensa de 7 procesados. Uno de ellos Manuel Moreno Cabeza, Rompemonte, estaba en el grupo acusado de realizar los disparos contra los guardias muertos. Los otros seis – Juan Jiménez Fernández, Boticario, José Moreno Cabezas, hermano de Manuel y llamado también Rompemonte, José Pérez Franco, Patas de Paño, José González Pérez, Pepe Pilar, José Monroy Romero, Bailaor y Manuel Vera Moya, Tragarranas estaban acusados de participar en los tiroteos.

45Comenzó su intervención pidiendo la absolución para sus patrocinados. Continuó recordando las repercusiones de los sucesos y que la sociedad española estaba pendiente de una sentencia que, de imponer penas tardías, infundadas y «antiestéticas», en el sentido de que lo bello era producto de la inteligencia humana, añadiría dolor y nuevas dosis de amargura a los campesinos. Como los anteriores defensores expresó su convencimiento de que la jurisdicción militar no era la adecuada para dirimir los acontecimientos. Los miembros del tribunal no eran hombres de derecho, pero sí pensaba que eran de inteligencia cultivada y sobre su corazón pesaba el contrapeso moral de las penas pedidas por el fiscal.

46No olvidó insistir sobre el carácter colectivo de lo ocurrido. No hacía falta recurrir a las contradicciones del sumario para ver que los hechos que se juzgaban los protagonizó el pueblo entero. Un chispazo más de la honda tragedia de una época en la que la humanidad buscaba salidas a los problemas que lo aquejaban. No era una cuestión sólo de España. Por todo el mundo chocaban las propagandas de diversos ideales y los hombres más impulsivos pregonaban la necesidad de sustituir las discusiones teóricas por la rebeldía. Era algo mundial, superior a la voluntad individual, que hacía desaparecer la responsabilidad particular. Pero, aunque se creyera que lo que se juzgaba obedeció a voluntades individuales, creía que había que tener en cuenta la gradación señalada por la posición social, económica, política y grado de cultura de cada uno. Los campesinos de Casas Viejas eran los que menor responsabilidad moral y jurídica tenían. Eran pobres, vivían en la ignorancia, la incultura, el hambre y el trabajo agotador y mal retribuido. A ellos llegaron hombres de ideologías políticas y sociales que les hablaron de la tremenda injusticia que suponía su vida. Les ofrecieron la redención. Todos excitaron su rebelión.

47Un día se alzaron en armas. ¿Tenían ideas concretas?, ¿deseos de realizar un ideal? No, sólo el afán de cambiar un régimen para ellos doloroso. Lucharon, unos murieron, otros fueron fusilados o se desplomaron devorados por las llamas. Para los que quedaron, siempre a modo de trágica lotería, aparecieron diversos procesos sin que se explicaran por qué. Estaba seguro de que al tribunal, compuesto por hombres de honor y almas nobles, le repugnaba que pudiera darse esa desigualdad. Como también estaba seguro de que comprendían que no se debía condenar a los más débiles, a los menos culpables. El tribunal sabe que los campesinos de Casas Viejas causaron un mal. Como también que el Estado llegó y puso tal grado de dolor que la balanza de la justicia había quedado excesivamente contrapesada. Los huesos calcinados de los campesinos agotaron las posibilidades de ejemplaridad. El dolor y el terror habían dejado huellas por varias generaciones. ¡Ya estaba excesivamente castigado el pueblo de Benalup!

48Los campesinos lucharon contra la Guardia Civil que tuvo víctimas. Pero la recta conciencia del tribunal les dirá que cuando cometieron, todos de acuerdo, el acto de alzarse en armas, que el Gobierno mandara contra ellos a una u otra fuerza –el Ejército, la Guardia de Asalto, la de Seguridad o la Guardia Civil – no variaba la especie jurídica del acto: el delito de rebelión contra la forma de Gobierno. La rebelión supone lucha de los revolucionarios contra el gobierno establecido. Todas las incidencias de esa lucha quedaban dentro del delito general. Por tanto, la acusación del fiscal no existía por estar embebida en la de contra la forma de Gobierno que seguía la jurisdicción civil.

49Después analizó las acusaciones concretas contra sus defendidos. Había buscado por todo el sumario cuál era la acusación contra su defendido José Pérez Franco, Pata de Paño. Finalmente la había encontrado en la del héroe de La vida es sueño: haber nacido. Era lo único que explicaba que hubiera sido procesado por una declaración que asegura que «lo vio salir al campo, con otros, con una escopeta». Estaba lejos del cuartel y no había referencia de la intención de llevarla. Relacionar el hecho de que Pérez Franco llevara en las afueras del pueblo una escopeta y el delito de agresión a fuerza armada era una entelequia como la de aquel que pretendía hacer reír al Director General de Comunicaciones rascando un palo del telégrafo. A Juan Jiménez le acusaban por referencias. Sólo el guardia Salvo decía que tenía la certeza de que disparó. Ninguna de esas declaraciones eran pruebas. Lo mismo ocurría con los restantes de sus defendidos: no había pruebas de lo que se les acusaba: no existía la supuesta agresión a la entrada del pueblo, solo les incriminaban sus confesiones que, además, se contradecían y no eran utilizadas más que en lo que les perjudicaba.

50Para terminar apeló al prestigio de la justicia y a su serena ponderación para que pusiera fin a la tragedia de ese pueblecito devolviendo los brazos al campo andaluz y demostrando a las víctimas de la fatalidad que aún existían corazones capaces de comprender que ya había pagado sobradamente lo que la ley consideraba delito. Si lo hacían servirían al derecho y a la justicia. El primero no podía estar enfrentado a la segunda.

51Por último intervino José Monge Bernal, defensor de Francisco Rocha Acevedo, Salvador Jordán Aragón, Francisco Cantero Esquivel, Francisco Durán Fernández y Manuel Sánchez Olivencia. Para Rocha y Jordán se pedían 25 años de prisión y para los restantes seis. Tampoco Monge se apartó de las líneas de defensa de sus compañeros aunque fue quien más se apoyó en la ignorancia de los campesinos y no entró en la justificación individualizada. Como su antecesor comenzó pidiendo la absolución. Después se centró en la significación general de lo ocurrido en Casas Viejas: un símbolo convertido en bandera de combate. Finalmente se preguntó si lo ocurrido era una rebeldía contra el poder legítimo o el producto de la efervescencia de las pasiones desbordadas por la incultura de los protagonistas. ¿No era sino el resultado de un proceso que comenzaba en un falso concepto de libertad de una propaganda permitida y tolerada, que el poder público, asustado de las consecuencias, termina reprimiendo sin compasión?

52No se podían estudiar los hechos como un eslabón desprendido de una cadena y aplicar fórmulas legales frías. El juicio debía estar acompañado de la intensa emoción de quien, colocado en una alta jerarquía social, contemplaba como discurren los actos humanos entre unas premisas establecidas y sus consecuencias. No importaban nada los hechos, ni el lugar, ni que se hubiera agitado «una masa de opinión inconsciente, ofuscada, rebelde y perturbadora» que cortó los medios de comunicación, hizo una zanja en la carretera, disparó contra el cuartel, se resistió en una choza desoyendo las intimidaciones de los guardias y disparó contra ellos. Ni siquiera importaba que hubiera víctimas cuya «sangre no ha podido ser borrada ni por el fuego que calcinó los cuerpos de las víctimas», ni la extraña conducta de la autoridad. Lo que importaba era averiguar por qué se produjeron estos hechos, quiénes fueron los verdaderos culpables y quiénes eran las verdaderas víctimas.

53Muchos creían, de forma equivocada, que la palabra libertad tenía un sentido absoluto, que se podía usar sin limitación. Que era lícito negar en el discurso, en el folleto y en la prensa, la existencia de Dios y la autoridad; considerar ineficaz el derecho y la justicia y preconizar el derrumbamiento de todas las instituciones fundamentales. Los regímenes democráticos debían apoyarse en la autoridad y las leyes. El orden era la única norma posible para la civilización y el progreso de los pueblos. De lo contrario, esas ideas en inteligencias pobres, en voluntades ineducadas, en estados de miseria llevaban consigo aspiraciones de redención santamente justificadas y abrían rojas perspectivas de un porvenir de redención y justicias sociales acumuladas durante siglos.

54A Casas Viejas, como a tantas otras partes, habían llegado hojas, periódicos y folletos que hablaban del comunismo libertario. Seguro que los vecinos del pueblo no eran capaces de exponer sistemáticamente en qué consistía ese ideal. Les bastaba con saber que, con su implantación, desaparecería el principio de autoridad y la forma en la que estaba constituido; que la propiedad común bastaría para gozar de un bienestar económico mejor que el triste y despiadado que sufrían y que desaparecería el concepto de familia tradicional y clásico dando rienda suelta al amor libre. Todo se conseguiría por la fuerza. Todo eso era lícito propagarlo. Pero cuando los campesinos, con su lógica simplista, pensaron poner en práctica esas ideas, la autoridad le salió al paso. ¿Con qué derecho se podía permitir lo primero y condenar lo segundo? Si las premisas eran legítimas, legítimas eran las consecuencias. Sus defendidos eran inocentes, con la inocencia del que ha sido engreído y engañado, prometiéndole un paraíso aquí en la tierra en donde no encontraban más que muerte y prisión.

55La función terminaba. Después comenzó a correrse el telón. Se volvería a abrir para la lectura de la sentencia. Antes, por retirada de la acusación fiscal, ya se sabía que resultarían absueltos siete de los acusados: Francisco Quijada Pino, Sebastián Cornejo Bancalero, Antonio Cornejo Delgado, Antonio Pavón Pérez, Diego Fernández Ruiz, Manuel Sánchez Olivencia y Antonio Cruz García. Después el fallo absolvió a otros tres y condenó a los 16 restantes. Las penas fueron mucho más moderadas que las solicitadas. La máxima, 6 años, recayó en Antonio Salvador Cabañas considerado, como Monroy y Jordán, autor del delito de «poner mano» en arma ofensiva para ofender a la fuerza pública y «supremo dirigente de la causa». A los otros dos les cayó una pena de 3 años. El tribunal consideró que eran menos peligrosos que Gallinito. No se especificó por qué fueron 5 años los que le cayeron a Sebastián Pavón Pérez, Francisco Rocha Acevedo, Cristóbal Toro Domínguez y Manuel Moreno Cabeza; dos a Francisco Cantero Esquivel y Francisco Durán Fernández, Juan Jiménez Fernández, Esteban Moreno Caro, Miguel Pavón Pérez y Manuel Vera Moya y uno a Antonio Durán Fernández, José Moreno Cabeza y José Rodríguez Quirós.

  • 40 Heraldo de Madrid, 18-ii-1936.

56Aunque López Gálvez recurrió el fallo, los condenados fueron saliendo en libertad por otras razones. Los tres penados con un año, en libertad provisional, no tuvieron que regresar al penal de El Puerto. Los trece restantes fueron enviados en diciembre de 1934 al reformatorio de Ocaña en Toledo. El primero en quedar en libertad fue José Monroy el 15 de septiembre de 1935. Después lo hizo Esteban Moreno que salió el 22 de febrero de 1936. Los últimos, el 1 de marzo, abandonaron el penal al serles aplicada la amnistía dictada por el Frente Popular. Fueron regresando a Casas Viejas en donde debieron presentarse ante la Guardia Civil. Prácticamente nadie se hizo eco de la noticia. La última vez que fueron recordados por la prensa ocurrió en febrero. Cuando la prensa afín al Frente Popular, a la Izquierda Republicana, tituló a toda página: «Casas Viejas ha votado por los de Azaña»40.

  • 41 Sobre las consecuencias del golpe de Estado de julio de 1936 en los detenidos y procesados por los (...)

57Cuatro meses vivieron en Casas Viejas antes de que el 18 de julio de 1936 un golpe de Estado viniera a cambiar la vida de todos los españoles. Aunque fracasó en el conjunto del país, en Casas Viejas triunfó en los primeros días. La mayoría de los campesinos lo tuvieron claro. La marca de 1933 estaba fresca. Durante los días siguientes abandonaron la población para pasar a la zona gubernamental o se escondieron por los campos y cortijos. Hubo hasta quien, como Juan Estudillo, se quitó la vida41. Después, con el triunfo golpista, todos sufrieron el estigma de haber participado en los sucesos, de ser anarquistas y, en general como todo el pueblo, de ser de Casas Viejas. Unos malvivieron en su localidad o por la zona, otros emigraron, como muchos de sus convecinos al Levante. A muchos no les abandonó el miedo y hablaron poco. Otros, por el contrario, nunca callaron. Todos, fueron muriendo en el anonimato.

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Notes

1 Juan Martínez Alier, «Crítica de la interpretación del anarquismo como ‘Rebeldía Primitiva’», Cuadernos de Ruedo Ibérico, París, 1976, nº 43-45, p. 50-54.

2 Jacques Maurice, «Eric J. Hobsbawn, Les primitifs de la révolte dans l’Europe moderne», Bulletin Hispanique, Burdeos, 1967, n°69, p. 513-515.

3 Jerome R. Mintz, Los anarquistas de Casas Viejas, Cádiz, Diputación, 1994.

4 Utilizo la segunda acepción que recoge el diccionario de la Real Academia Española: «conjunto de fenómenos que caracterizan una situación determinada». De todas formas también tendría sentido utilizarlo en la primera: «conjunto de síntomas característicos de una enfermedad».

5 Sobre Casas Viejas es indispensable la consulta del blog de Salustiano Gutiérrez: http://historiacasasviejas.blogspot.com.es/.

6 Detalladas crónicas recogidas de forma taquigráfica aparecieron en la prensa gaditana, Diario de Cádiz y La Información, así como en la regional y nacional, que desplazó a enviados especiales. El libro de Manuel García Ceballos, Casas Viejas (Un proceso que pertenece a la historia), Madrid, Fermín Uriarte, 1965. También el abogado del capitán Rojas, Eduardo Pardo Reina mandó imprimir su Escrito de calificación provisional de la defensa del capitán D. Manuel Rojas Feigenspan [sic] procesado por los sucesos de Casas Viejas por el letrado D. Eduardo Pardo-Reina, Madrid, s.e., 1934. Tano Ramos, El caso Casas Viejas. Crónica de una insidia (1933-1936), Barcelona, Tusquets, 2012 y «75 años de los sucesos de Casas Viejas. El proceso judicial contra el capitán Manuel Rojas», Diario de Cádiz, 17-ii-2008. El único trabajo en que se contemplan los diversos procesos en su conjunto es el de Joaquín Gil Honduvilla y José Luis Gutiérrez Molina, «Las consecuencias judiciales: los procesos» en Gérard Brey y José Luis Gutiérrez Molina (coordinadores), Los sucesos de Casas Viejas en la historia, la literatura y la prensa (1933-2008), Cádiz, Fundación Casas Viejas 1933, p. 183-226.

Sobre la actuación del capitán Ramos se pueden consultar: José Luis Gutiérrez Molina, «El abogado Andrés López Gálvez, defensor de los anarcosindicalistas gaditanos», 2013, in http://www.todoslosnombres.org/php/verArchivo.php?id=5914 y «El mito del atentado al coronel Varela y la represión golpista del anarcosindicalismo gaditano (1931-1938)», 2014, in http://www.todoslosnombres.org/php/verArchivo.php?id=6245.

7 José Luis Gutiérrez Molina, «Cinco días de enero» in G. Brey y J. L. Gutiérrez Molina (coord.), Los sucesos…, op. cit., p. 101-120.

8 Para el papel de la «razón de Estado» el artículo citado en la nota anterior. El término «insidia» lo utiliza Tano Ramos, El caso Casas Viejas. Crónica de una insidia (1933-1936), op. cit.

9 Fue la Comisión Parlamentaria oficial la que, en su dictamen de 15 de marzo de 1933, dio carta de naturaleza a esta visión. El dictamen en el diario madrileño El Sol el 16 de marzo de 1933.

10 El de Juan Botella Asensi, diputado del Partido Republicano Radical Socialista por Alicante.

11 Arturo Menéndez era Director General de Seguridad y se sospechó que había estado actuando durante enero y febrero para que lo ocurrido no llegara a conocimiento de la opinión pública y que fuera Rojas quien asumiera toda la culpa. Un relato detallado en J. Gil Honduvilla y J. L. Gutiérrez Molina, «Las consecuencias judiciales…», op. cit., p. 202-208.

12 «Las responsabilidades derivadas de Casas Viejas. Momentáneamente salvado el gobierno, ahora se pretende salvar a Menéndez», La Tierra, Madrid, 18-iii-1933.

13 No estaban todos los supervivientes de la familia Seisdedos como afirmaba el diario. Faltan el matrimonio, y los hijos, de Mercedes Cruz y Manuel Prieto que se quedaron en Casas Viejas y el niño Manuel Silva Cruz que estaba en la colonia escolar gaditana. La ausencia e identificación de los fotografiados en el blog de Salustiano Gutiérrez, http://historiacasasviejas.blogspot.com.es/2014/07/las-fotos-de-los-sucesos-la-familia.html#more.

14 Se pueden consultar S. Gutiérrez, Itinerarios por Casas Viejas, Cádiz, Edición Autor, 2009, y la entrada http://historiacasasviejas.blogspot.com.es/2009/10/la-calle-de-los-sucesos-la-vieja-calle.html.

15 Salvador Sediles Moreno, diputado por Barcelona, formó parte de la primera comisión parlamentaria, la extraoficial de la que fue el portavoz, y leyó sus demoledoras conclusiones para la versión gubernamental, en la sesión del 23 de febrero.

16 Según la sentencia del juicio de mayo de 1934 las muertes recibieron la calificación de asesinato al no aplicársele la atenuante de obediencia debida a las órdenes recibidas de sus superiores. Tras la repetición del juicio la Audiencia gaditana volvió a condenarle por asesinato. De nuevo la defensa solicitó la casación de la sentencia que el Tribunal Supremo, a pesar de la disconformidad de la magistratura gaditana, aceptó rebajando la calificación de asesinato por la de homicidio y, con ella, los años de pena. En J. Gil Honduvilla y J. L. Gutiérrez Molina, «Las consecuencias judiciales…», op. cit., p. 223-225.

17 En realidad eran 28 los procesados. A los 26 juzgados hay que añadirles los de Francisco Gutiérrez Rodríguez y Juan Rodríguez Guillén que no habían podido ser detenidos y fueron declarados en rebeldía.

18 Ambas, más las diligencias que practicó el propio capitán Ramos, conformaron la Causa 12/33. Un análisis de ella en J. Gil Honduvilla y J. L. Gutiérrez Molina, «Las consecuencias judiciales…», op. cit., p. 184-198.

19 Referencias a estas suscripciones en G. Brey y J. L. Gutiérrez Molina, Los sucesos…, op. cit., p. 208, 443, 449 y 459 y J. L. Gutiérrez Molina, Casas Viejas. De la esperanza al crimen. María Silva «Libertaria» y Miguel Pérez Cordón, dos vidas unidas por un ideal (1933-1936), Córdoba, Almuzara, 2008, p. 48, 72, 90, 111 y 175. La de Barcelona era de El Luchador, periódico anarquista.

20 Fueron Miguel Pérez Cordón, José Vega Ortega, Juan Caballero Torrejón y Francisco Vega García. Estuvieron detenidos desde el 25 de enero hasta los primeros días de febrero. En J. L. Gutiérrez Molina, Casas Viejas. De la esperanza al crimen…., op. cit., p. 49 y 50.

21 El documento, titulado «Casas Viejas. Notas e impresiones» en «Casas Viejas: Expediente, trabajos de la Comisión, dictamen y recortes de prensa», Archivo del Congreso de los Diputados. Archivo del Palacio de las Cortes, Madrid, Serie General. Secretaría (1931-1933), Varios, Legajo 617 1ª. Este documento tiene similitudes con el que le llegó al periodista Tano Ramos de manos de la familia y publicó una síntesis en Diario de Cádiz, 11-i-2009. Aunque, por lo que conocemos, tiene diferencias. Ambos incluyen la frase de que se había escrito con la intención «de servir leal y desinteresadamente a la República». Sin embargo en el de la Comisión no aparece la frase «deseo terminar cuanto antes un asunto en el que ha predominado más la pasión y la ambición política que el amor a la Patria, a la República y a la Justicia» que sí figura en el de T. Ramos.

22 Para esta cuestión se puede consultar Graham Kelsey, Anarcosindicalismo y Estado en Aragón, 1930-1938. ¿Orden público o Paz pública?, Madrid, Institución Fernando el Católico – Fundación Salvador Seguí, 1994, p. 88-91, Oscar Freán Hernández, «El movimiento libertario ante Casas Viejas» en G. Brey y J. L. Gutiérrez Molina, Los sucesos…, op. cit., p. 208, 443, 449 y 459 y J. L. Gutiérrez Molina Casas Viejas. De la esperanza al crimen…, op. cit., p. 121-137. Desde una perspectiva crítica con la actuación cenetista, la más común en el mundo académico, v. la síntesis de Julián Casanova, De la calle al frente. El anarcosindicalismo en España, 1931-1936, Barcelona, Crítica, 1997.

23 Un ejemplo a escala local, es el de la huelga general en la ciudad de Cádiz, en octubre de 1931. Un estudio en J. L. Gutiérrez Molina «El mito del atentado al coronel Varela…», op. cit.; un estudio general en Eduardo González Calleja, En nombre de la autoridad. La defensa del orden público durante la Segunda República Española (1931-1936), Granada, Comares, 2014.

24 Sobre la aplicación de esta legislación en la provincia de Cádiz, v. G. Brey, «La legislación social republicana y los trabajadores del campo gaditano (1931-1933)» en Diego Caro (ed.), El mundo campesino en la España de los años treinta, Cádiz, Fundación Casas Viejas 1933, 2010, p. 195-208.

25 Para un acercamiento a la cuestión, de carácter fundamentalmente teórico, se puede consultar Javier Paniagua, «El anarquismo ante la Reforma Agraria de la Segunda República» en Diego Caro (ed.), El mundo campesino…, op. cit., p. 61-85.

26 El proceso insurreccional, conocido por las autoridades, ha sido estudiado por Antonio Elorza, La utopía anarquista durante la Segunda República, Madrid, Ayuso, 1973 y Anarquismo y utopía. Bakunin y la revolución social en España (1868-1936), Madrid, Cinca, 2013. Sobre el grado de conocimiento por las autoridades de los preparativos, v. Manuel Azaña, Diarios, 1932-1933 «Los cuadernos robados», Barcelona, Crítica, 1997, p. 90-130.

27 Un relato de los acontecimientos en J. L. Gutiérrez Molina, El sindicalismo en Cádiz durante la Segunda República, Madrid, Madre Tierra, 1994, p. 251-253.

28 El relato más reciente sobre esta secuencia temporal es el de J. L. Gutiérrez Molina, Los sucesos…, op. cit., p. 101-120.

29 Respectivamente en el Pleno Nacional de Regionales celebrado en Madrid a finales de enero y comienzo de febrero de 1933 cuyas actas fueron publicadas en el Boletín de la C.N. del Trabajo de España de marzo de 1933 y en las sesiones del II Congreso de la Confederación Regional del Trabajo de Andalucía y Extremadura celebrado en Sevilla a finales de marzo de 1933. Sus sesiones aparecieron reseñadas en el diario cnt, Madrid, 28-31 de marzo y 1 y 3 de abril de 1933.

30 Ambos hicieron públicas sus reflexiones y nueva posición en Tinoco Ballester, «Epistolario íntimo», i a iv, La Revista Blanca, Barcelona, marzo-mayo de 1936 y Miguel Pérez Cordón, «Problemas internos de la cnt», I-xvi, La Tierra, Madrid, 19 de enero – 8 de febrero de 1935.

31 La legalización en 1932 del sindicato no escapó a las trabas de las autoridades republicanas (La Tierra el 18 de noviembre de 1931). Sus estatutos fueron aprobados en enero de 1932. Libro registro de Asociaciones Profesionales de Cádiz, Archivo Histórico Provincial de Cádiz, Serie Gobierno Civil, Libro 474.

32 Los socialistas de Casas Viejas también crearon su sindicato local, en marzo de 1932, con el nombre de La Agricultora. En Archivo Histórico Provincial de Cádiz, Serie Gobierno Civil, Libro 474.

33 Malcocinado ha sido estudiado por Fernando Sígler, «San José de Malcocinado. Una comunidad de colonos de raíz republicana», en José González Benítez y otros, Viaje por el problema agrario. La Janda (1882-1982), Cádiz, Asociación Cultural Brezo y Castañuela, 2007, p. 73-84. V. también Fernando Sígler, «Propiedad de la tierra, Reforma Agraria y asentamientos campesinos» in Diego Caro (ed.), El mundo campesino…, p. 209-234 y «Casas Viejas, latifundismo y Reforma Agraria» in G. Brey y J. L. Gutiérrez Molina (coord.), Los sucesos…, op. cit., p. 69-88. También las entradas en el blog de Salustiano Gutiérrez: http://historiacasasviejas.blogspot.com.es/.

34 Todas las referencias documentales en la Causa 12/33, Archivo Histórico del Tribunal Militar Territorial Segundo de Sevilla, Legajo 147/2656.

35 Sobre los nombramientos de defensores y los cambios que se produjeron J. Gil Honduvilla y J. L. Gutiérrez Molina, «Las consecuencias judiciales…, op. cit., p. 184-198.

36 Sobre la relación del abogado con la cnt se puede consultar J. L. Gutiérrez Molina, «El abogado Andrés López Gálvez…», op. cit.; también sobre su figura y papel como acusador particular T. Ramos, El caso Casas Viejas…, op. cit., y las entradas del blog de S. Gutiérrez Baena, http://historiacasasviejas.blogspot.com.es/.

37 Las cartas fueron incorporadas al procedimiento sumarísimo de urgencia que los golpistas abrieron en 1937 a López Gálvez. Para esta cuestión J. L. Gutiérrez Molina, «El abogado Andrés López Gálvez…», op. cit.

38 No he logrado conocer exactamente el significado de «defensor togado». Tanto López Gálvez como sus compañeros eran abogados. Quizás pudiera referirse a la especialización penal que tenían sus sustitutos.

39 Sobre ellos se pueden consultar G. Brey, «Casas Viejas en La Libertad de Madrid: noticias oficiales y reportajes de Ramón J. Sender» y «La campaña de La Tierra a favor del esclarecimiento de los hechos y contra la impunidad gubernamental», en G. Brey y J. L. Gutiérrez Molina (coord.), Los sucesos…, op. cit., p. 363-381 y 383-396 respectivamente.

40 Heraldo de Madrid, 18-ii-1936.

41 Sobre las consecuencias del golpe de Estado de julio de 1936 en los detenidos y procesados por los sucesos de 1933 se pueden consultar las entradas que le dedica a la cuestión el blog de S. Gutiérrez Baena, http://historiacasasviejas.blogpot.com.es/.

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Pour citer cet article

Référence électronique

José Luis Gutiérrez Molina, « El crimen y los procesos de los Sucesos de Casas Viejas. Los campesinos y la insidia política », Cahiers de civilisation espagnole contemporaine [En ligne], 2 | 2015, mis en ligne le 03 mars 2015, consulté le 25 juillet 2017. URL : http://ccec.revues.org/5527 ; DOI : 10.4000/ccec.5527

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Auteur

José Luis Gutiérrez Molina

Universidad de Cádiz

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Droits d’auteur

© CCEC ; auteurs

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